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Blog de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa






Hace unos días, Ricardo María Jiménez, profesor de Derecho en la UI de Barcelona, al reivindicar un lenguaje jurídico sencillo mencionaba, en un muy recomendable artículo y a quien agradezco la mención personal, una frase de Cruyff : “el fútbol sencillo es el más bonito, pero lo más difícil es jugar al fútbol de manera sencilla” y recordaba que este 2016 se cumplen cinco años desde la elaboración del informe realizado por la Comisión de Modernización del lenguaje jurídico. Ese informe, breve, contiene recomendaciones dirigidas a todas las personas cuyo trabajo se encuentra relacionado con la Justicia para que, cuando se comunique, lo haga con un registro que resulte eficaz. La idea esencial es: comunique técnicamente cuando lo haga entre técnicos en Derecho y de manera comprensible cuando el destinatario sea un lego en Derecho.

Cristina Carretero González
Profesora de Derecho Procesal de Oratoria y Redacción Jurídicas
Universidad Pontificia Comillas


Los estudios de campo, que sirvieron –principalmente- como fundamento para la elaboración de las recomendaciones de esa comisión, fueron de una estudiada diversidad elegida para poder completar un arco muy representativo del estado del lenguaje jurídico en España. Explico esto para que se sepa de qué estudios parten las recomendaciones: 1) Lenguaje de las normas, dirigido por el catedrático, Salvador Gutiérrez Ordóñez (Universidad de León y RAE); 2) Lenguaje escrito, dirigido por la catedrática Estrella Montolío Durán, Universidad de Barcelona; 3) Lenguaje oral, dirigido por el catedrático Antonio Briz Gómez, Universidad de Valencia; 4) Plantillas procesales, dirigido por el catedrático Julio Borrego Nieto, de la universidad de Salamanca; 5) Lenguaje jurídico en los medios, dirigido por la periodista María Peral Parrado y 6) Políticas públicas comparadas, que tuve la oportunidad de dirigir y en el que trabajé con el grupo de investigación Derecho y Lenguaje, de la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid.
 Conozco a todos los directores y a buena parte de los investigadores, he leído sus estudios y son una muestra de su buen hacer (son muchísimos y a cuál más excelente) que participaron en ellos. Quedaba clara, del estudio que dirigimos, la escasa dedicación concedida en los distintos planes de las sucesivas Administraciones de Justicia en España, cuya excepción clara era el Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 2009-2012. La comparativa con países del entorno resultaba demoledora para nuestro país por la falta de dedicación al objetivo de la inteligibilidad del lenguaje jurídico. Ni las recomendaciones de la UE se siguen con decisión aquí.[[1]]url:#_ftn1
Pues bien, el trabajo de la Comisión de Modernización debía tener una continuidad recomendada en la proyectada Comisión de Claridad del Lenguaje Jurídico, que, ciertamente llegó a crearse y cuya existencia es prácticamente desconocida, en parte por su escaso recorrido.
Recientemente presencié un debate en el que Juan Carlos Campo[[2]]url:#_ftn2 declaraba la necesidad de reactivar las políticas referidas a lograr que el lenguaje jurídico sea objeto de ellas para lograr ese “derecho a comprender” que tenemos como ciudadanos. No se entienden las leyes por deficiente técnica legislativa, no nos entienden a los juristas, decía. Totalmente de acuerdo.
El citado autor Ricardo María Jiménez indicaba, en el artículo mencionado, que la mejora del discurso jurídico no solo favorece a los ciudadanos de manera general. De hecho, el siempre inspirado Joseph Kimble, en su texto “Writing for dollars, Writing to Please”[[3]]url:#_ftn3 , demuestra cómo el hecho de evitar legalismos innecesarios y trabajar jurídicamente con un lenguaje claro, ahorra tiempo y dinero. Además del “derecho a comprender”, básico en mi opinion, las razones menos evidentes, pero en absoluto desdeñables, como las relativas al tiempo y dinero,  no hacen más que añadir columnas al edificio en construcción de las políticas públicas en materia de claridad del discurso jurídico en España.
Y sí, Cruyff tenía razón, el fútbol sencillo es el más difícil, y hay muchas personas deseando que se facilite esa sencillez. Esta ha de comenzar por la adopción de políticas públicas que introduzcan medidas adecuadas de técnica normativa para que se elaboren normas comprensibles y por la adopción de directrices claras dirigidas a todos los que intervienen en cuestiones jurídicas, y así, la comunciación resulte verdaderamente eficaz.
 



 
 
 [1] En La Vanguardia, el 4 de abril de 2016: http://www.lavanguardia.com/opinion/20160404/40857192806/un-lenguaje-juridico-sencillo.html
[[2]]url:#_ftnref1 Recomendable lectura por ejemplo se encuentra en el documento divulgativo: Cómo escribir con claridad, de la Comisión Europea.
[[3]]url:#_ftnref2 En Madrid, día 14 de abril de 2016, en el encuentro : La Justicia a  Debate. http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx? params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUAAktzUyMTc7Wy1KLizPw8WyMDQzMDE0MTtbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPiYSYAAIzvA8hjAAAAWKE 
[[4]]url:#_ftnref3 The Scribes Journal of Legal Writing 1996–1997.

Domingo, 17 de Abril 2016

Hace unos días, Ricardo María Jiménez, profesor de Derecho en la UIC de Barcelona, al reivindicar un lenguaje jurídico sencillo mencionaba, en un muy recomendable artículo y a quien agradezco la mención personal, una frase de Cruyff : “el fútbol sencillo es el más bonito, pero lo más difícil es jugar al fútbol de manera sencilla” y recordaba que este 2016 se cumplen cinco años desde la elaboración del informe realizado por la Comisión de Modernización del lenguaje jurídico. Ese informe, breve, contiene recomendaciones dirigidas a todas las personas cuyo trabajo se encuentra relacionado con la Justicia para que, cuando se comunique, lo haga con un registro que resulte eficaz. La idea esencial es: comunique técnicamente cuando lo haga entre técnicos en Derecho y de manera comprensible cuando el destinatario sea un lego en Derecho.

Cristina Carretero González
Profesora de Derecho Procesal y de Oratoria y Redacción Jurídicas
Universidad Pontificia Comillas


V: Simplificación del lenguaje. Hay que volver a activar la Comisión de Claridad en el Lenguaje Jurídico
Los estudios de campo, que sirvieron –principalmente- como fundamento para la elaboración de las recomendaciones de esa comisión, fueron de una estudiada diversidad elegida para poder completar un arco muy representativo del estado del lenguaje jurídico en España. Explico esto para que se sepa de qué estudios parten las recomendaciones: 1) Lenguaje de las normas, dirigido por el catedrático, Salvador Gutiérrez Ordóñez (Universidad de León y RAE); 2) Lenguaje escrito, dirigido por la catedrática Estrella Montolío Durán, Universidad de Barcelona; 3) Lenguaje oral, dirigido por el catedrático Antonio Briz Gómez, Universidad de Valencia; 4) Plantillas procesales, dirigido por el catedrático Julio Borrego Nieto, de la universidad de Salamanca; 5) Lenguaje jurídico en los medios, dirigido por la periodista María Peral Parrado y 6) Políticas públicas comparadas, que tuve la oportunidad de dirigir y en el que trabajé con el grupo de investigación Derecho y Lenguaje, de la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid.

 Conozco a todos los directores y a buena parte de los investigadores, he leído sus estudios y son una muestra de su buen hacer (son muchísimos y a cuál más excelente) que participaron en ellos. Quedaba clara, del estudio que dirigimos, la escasa dedicación concedida en los distintos planes de las sucesivas Administraciones de Justicia en España, cuya excepción clara era el Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 2009-2012. La comparativa con países del entorno resultaba demoledora para nuestro país por la falta de dedicación al objetivo de la inteligibilidad del lenguaje jurídico. Ni las recomendaciones de la UE se siguen con decisión aquí.[[1]]url:#_ftn1

Pues bien, el trabajo de la Comisión de Modernización debía tener una continuidad recomendada en la proyectada Comisión de Claridad del Lenguaje Jurídico, que, ciertamente llegó a crearse y cuya existencia es prácticamente desconocida, en parte por su escaso recorrido.

Recientemente presencié un debate en el que Juan Carlos Campo[[2]]url:#_ftn2 declaraba la necesidad de reactivar las políticas referidas a lograr que el lenguaje jurídico sea objeto de ellas para lograr ese “derecho a comprender” que tenemos como ciudadanos. No se entienden las leyes por deficiente técnica legislativa, no nos entienden a los juristas, decía. Totalmente de acuerdo.

El citado autor Ricardo María Jiménez indicaba, en el artículo mencionado, que la mejora del discurso jurídico no solo favorece a los ciudadanos de manera general. De hecho, el siempre inspirado Joseph Kimble, en su texto “Writing for dollars, Writing to Please”[[3]]url:#_ftn3 , demuestra cómo el hecho de evitar legalismos innecesarios y trabajar jurídicamente con un lenguaje claro, ahorra tiempo y dinero.

Además del “derecho a comprender”, básico en mi opinion, las razones menos evidentes, pero en absoluto desdeñables, como las relativas al tiempo y dinero,  no hacen más que añadir columnas al edificio en construcción de las políticas públicas en materia de claridad del discurso jurídico en España.

Y sí, Cruyff tenía razón, el fútbol sencillo es el más difícil, y hay muchas personas deseando que se facilite esa sencillez. Esta ha de comenzar por la adopción de políticas públicas que introduzcan medidas adecuadas de técnica normativa para que se elaboren normas comprensibles y por la adopción de directrices claras dirigidas a todos los que intervienen en cuestiones jurídicas, y así, la comunciación resulte verdaderamente eficaz.
 



 
 
 [1] En La Vanguardia, el 4 de abril de 2016: http://www.lavanguardia.com/opinion/20160404/40857192806/un-lenguaje-juridico-sencillo.html
[[2]]url:#_ftnref1 Recomendable lectura por ejemplo se encuentra en el documento divulgativo: Cómo escribir con claridad, de la Comisión Europea.
[[3]]url:#_ftnref2 En Madrid, día 14 de abril de 2016, en el encuentro : La Justicia a  Debate. http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx? params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUAAktzUyMTc7Wy1KLizPw8WyMDQzMDE0MTtbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPiYSYAAIzvA8hjAAAAWKE 
[[4]]url:#_ftnref3 The Scribes Journal of Legal Writing 1996–1997.

Las cuatro asociaciones de jueces – Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- y el Consejo General de la Abogacía Española han firmado un acuerdo para debatir y proponer conjuntamente los cambios necesarios para conseguir una Administración de Justicia, adecuadamente dotada de medios personales y materiales, y un Poder Judicial realmente independiente, gobierne quien gobierne, que garantice a los ciudadanos una Justicia ágil, eficiente y de calidad, a la altura del siglo XXI y que no estén sometidos a los vaivenes políticos. Con esta medida, queda claro el compromiso electoral de Victoria Ortega, actual presidenta del CGAE, quien insistió en que la abogacía iba a liderar el papel de lobby para la mejora de la administración de justicia. Sus palabras cuando fue investida en dicho cargo hablaban de eso y de lograr una abogacía mejor y más preparada. Por parte de las asociaciones judiciales, su coordinación cada vez es mejor. Este artículo que escribí en Lawantrends.com explica cómo va a ser la mecánica de funcionamiento de esta iniciativa.


  • Crean el llamado  Espacio de Justicia, a través de cuatro grupos de trabajo, abiertos a otros interlocutores que quieran participar y analizar  los principales cambios que deben generarse en nuestra justicia
 

 Después de aquella rueda de prensa conjunta en el ICAM  donde mostraron su predisposición a un Pacto de Estado por la Justicia, sus encuentros y puntos de vista se han acercado bastante. Con este acuerdo, da la sensación que el  CGAE quiere volver a impulsar  una nueva versión del Foro por la Justicia, operativo  en los años 2004 y 2005, entidad que aglutino a diferentes colectivos jurídicos y que llegó plantear algunos cambios al Ministro de Justicia de aquel entonces el socialista Juan Fernando López Aguilar.

Espacio de Justicia

Nace Espacio de Justicia, una iniciativa que lideran el CGAE y las cuatro asociaciones judiciales como son APM; Asociación Profesional de la Magistratura, AJFV, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial independiente. Ambos colectivos trabajarán en la misma dirección de cara a buscar mejoras en la administración de justicia, una situación casi crónica donde ya conocen nuestros lectores los problemas de juzgados colapsados, sin medios y las escasas inversiones que se han hecho hasta la fecha, si se obvia el experimento fallido hasta la fecha de Lexnet, intento de digitalización de nuestra justicia, con resultado desigual a lo largo de nuestro territorio nacional.

En dicho documento suscrito por ambos colectivos se señala el papel clave de abogacía y judicatura en nuestro entorno judicial, aunque pese a ello han vivido mundos paralelos. Desde el CGAE se nos confirmaba que la incipiente relación entre jueces y abogados tenía como antecedentes la Plataforma Justicia Para Todos, así con la Interasociativa de jueces y fiscales para luchar contra el tema de las tasas judiciales.

En dicho documento al que ha tenido acceso nuestra publicación se comenta en un párrafo que “Abogacía y Judicatura estamos convencidos de que una auténtica democracia no es sólo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre y la asunción del “bien común” como fin y criterio regulador de la vida política. Y de que merece la pena luchar por esos valores”.

Organización en grupos de trabajo

Dicho Espacio de Justicia, que pretende promover el diálogo tanto interno como con las instituciones políticas y sociales, y que esté abierto a otros colectivos jurídicos y sociales se articulará en cuatro grupos de trabajo,  – orgánico, organizativo, procesal y profesional- que abordará entre otros asuntos: la implantación de mecanismos que fortalezcan la credibilidad de la Justicia y la confianza del ciudadano en sus tribunales y la mejora del Gobierno de la Justicia.  A nivel organizativo la situación actual  funcional y territorial de la Administración de Justicia, la redefinición y coordinación del régimen de competencias en materia de Administración de Justicia, un plan de inversiones para varias legislaturas que dote a la Administración de Justicia de los medios imprescindibles para asegurar una Justicia ágil, eficaz y de calidad, la adecuación de la Planta Judicial a las necesidades reales de la sociedad, y la implantación de las nuevas tecnologías.

Desde el punto de vista procesal, también se ha organizado un grupo de trabajo donde se estudiarán  las reformas sustantivas y procesales que den respuesta a las nuevas demandas de Justicia, desde el derecho de consumo a la problemática penal, pasando por las áreas laboral, contencioso-administrativa y la necesaria agilización procedimental; y, el aspecto profesional pretende abordar  finalmente, el acceso a la Abogacía y a la Judicatura, el acceso universal a la Justicia y la Asistencia Jurídica Gratuita; la actualización funcional de la Abogacía y de la Judicatura y la actuación profesional y la garantía del derecho de defensa.

 Los organizadores de este Espacio de Justicia, señalan que su funcionamiento será mediante los citados grupos de trabajo y desarrollará sus actividades con total independencia de cualquier tipo de poderes, organismos e instituciones. De hecho,  su objetivo final es consolidar el Estado Social y Democrático de Derecho y el sistema de valores, derechos y libertades construido con el esfuerzo y la solidaridad de muchos españoles, así como conseguir que la Justicia sea una prioridad y no la gran olvidada de todos los Gobiernos.

Cortesía de Lawandtrends.com 

Miércoles, 13 de Abril 2016

Vivimos tiempos en que la justicia no es precisamente la institución más valorada por los españoles. Seguramente los políticos son peor valorados. O los banqueros. Como en tiempos finales de Juan Carlos, la monarquía. Casi todas esas instituciones ha sufrido alguna convulsión en los últimos años: los políticos ya no son lo que eran con la irrupción de partidos políticos nuevos que han transformado la manera de hacer política, como Podemos o Ciudadanos. Los banqueros también han sufrido lo suyo y el panorama financiero no tiene mucho que ver con el que había al principio de la crisis. En todo caso, ya nadie se atreve a decir públicamente que es banquero. La monarquía también ha cambiado: no sólo ha cambiado de titular(y eso ya es mucho), también la formas parece que han cambiado mucho.

Por Gonzalo Jiménez Blanco, abogado del Estado en Excedencia, Head of Spain de Ashurst y árbitro de diferentes cortes arbitrales www.gonzalojimenezblanco.com


IV. Desjudicialización y metodos extrajudiciales: Arbitraje
¿Y la justicia? La justicia no ha cambiado nada. Sigue regida por un Consejo General del Poder Judicial politizado. Y los tribunales siguen atascados, con viejos procedimientos que mantienen con ajustes cosméticos procedimientos antediluvianos. ¿Cual es resultado?: que la justicia es lenta y aparte que hay muchísimo atasco judicial.
 
¿Cuál es la solución? Desde luego poner más medios a la justicia. Pero no es suficiente: lo que hay que hacer también es desarrollar una justicia alternativa, es decir, que se encuentre una alternativa razonable a la justicia, sin colapsar a esos juzgados y tribunales algo decimonónicos. Pero ya está inventada: el arbitraje.
 
Que las empresas acudan al arbitraje para resolver controversias. Y no sólo sus controversias internacionales. También las disputas domésticas por encima de una determinada cuantía, por ejemplo, 600.000 €.
 
En el arbitraje, las partes pueden elegir a los árbitros en función de su especialidad y en consecuencia conformar el tribunal arbitral que debe resolver el caso en concreto y éstos deben hacerlo en un plazo máximo que no suele pasar de año y medio desde el comienzo del arbitraje.

Esos dos elementos (especialidad y plazo máximo) son dos elementos que pueden hacer la diferencia para que el arbitraje sea verdaderamente el medio preferido para las disputas entre partes empresariales. Si a eso añadimos que contamos ya con un cuerpo de árbitros de toda fiabilidad, debemos dar por superadas definitivamente las dudas que ofrecía el arbitraje para sustituir a la vía judicial como mecanismo de resolución de disputas empresariales
 
Y además habremos contribuido a desatascar los tribunales y dejado a los mismos para resolver las disputas entre particulares. Que para eso sí deben estar.
 

Luis Javier Sánchez
Luis Javier Sánchez
Ardiel Martinez
Luisja Sánchez es periodista juridico e impulsor de varias publicaciones digitales. Le encontrarás en los principales eventos del sector, cercano a las fuentes informativas. En los últimos diez años ha dejado su sello en publicaciones como IURIS del grupo Wolters Kluwer o Escritura Pública del Consejo General del Notariado. También fue promotor de publicaciones como Puromarketing o Diariojuridico.com y responsable de contenidos en los últimos tres años de Lawyerpress. Ahora colabora en Law&Trends, Canal CIMA, publicación especializada en arbitraje y en Fundación FIDE. Es miembro fundador de ACIJUR y EMPLEO SENIOR.ORG . Y socio personal de FORETICA, entidad dedicada a la RSC. Puedes contactar con él y sugerirle ideas para PINTAR la justicia en luisjaviersf@gmail.com

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