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Blog de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa




La Justicia, concebida como servicio público fundamental para la convivencia ciudadana y también para el control del poder y de la administración está lamentablemente fuera de las prioridades de los políticos en España desde la Transición democrática. Las preocupaciones fundamentales al respecto se han dirigido fundamentalmente al control político de la jerarquía de las Carreras Judicial y Fiscal: ver a ex directores generales, ex altos cargos políticos, incluso Ministros, en los puestos de responsabilidad más elevados como Magistrados y Fiscales es desolador, pero no es sino la manifestación de otro problema, el realmente determinante.

Salvador Viada. Fiscal del Tribunal Supremo. Portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)


Mejoras necesarias para la justicia penal en el ámbito de la Fiscalía

Debemos considerar que la Justicia en España hoy es el resultado de las políticas de PP y PSOE durante casi 35 años, creándose un modelo de Justicia que por la politización de su Gobierno (CGPJ y Fiscalía) genera críticas incluso en el Consejo de Europa .

Habiéndose instalado un acuerdo tácito o explícito entre los dos partidos políticos de gobierno sobre el control político de la Justicia, ¿habrá ahora una mayoría suficiente, o mejor, un consenso político para separar justicia de política y dejar de crear nichos de protección que fomenten la impunidad de la corrupción o al menos dificulten las investigaciones sobre esos casos?   ¿Podrá crearse finalmente un consenso sobre la necesidad de dotarnos de una Justicia moderna, con medios, barata para el ciudadano, sin tasas disuasorias, igual para todos y en la que al tiempo que se presta un servicio de calidad el ciudadano pueda mostrar cierta satisfacción con el mismo?  

Leemos cosas en ese sentido, contrarias al reparto vergonzoso de la Justicia, al incumplimiento de promesas electorales sobre despolitización, cosas favorables a reformas dirigidas a mejorar ese servicio esencial, pero lamentablemente no en el partido mayoritario y si, como tantas oras veces, en la oposición.
 
 Es muy difícil, creo, construir un proceso penal ágil, discreto –salvaguardando el honor y la presunción de inocencia de investigados-, rápido, garantista, y eficaz sin colocar la investigación de los delitos en el ámbito de la Fiscalía y bajo el control de un juez de garantías.    Pero la Fiscalía está abandonada de manera penosa en su desarrollo y en las garantías internas profesionales para los fiscales.   No está hoy la Fiscalía preparada para afrontar ese reto y no se ve en la jerarquía de la Carrera Fiscal –formada muchas veces en razón a criterios políticos o a afinidades personales con los Fiscales Generales- demasiada inquietud por trabajar para que lo esté. 

La pereza del legislador (el Reglamento del MF es de 1969, una norma franquista) y la falta de interés de los Gobiernos nos encuentra hoy con un Ministerio Fiscal sin recursos para asumir sus actuales obligaciones, con inequívoca inclinación hacia el Gobierno de turno, sin mecanismos de hacer valer con transparencia su independencia y para ser exigido en su imparcialidad. 
 
Por eso, la APIF propuso recientemente a los partidos políticos un Decálogo de iniciativas para cambiar las cosas.   Solo dos grupos políticos acusaron recibo, lo que no deja de preocupar y de llamar la atención.   

Entre esas propuestas se reclamaba un Pacto por la Justicia para cambiar las cosas –no como el último que concluyó con un reparto del control del CGPJ entre los partidos-; reforzar la independencia del FGE y la neutralidad política de la Fiscalía; un Reglamento democrático para el Ministerio Fiscal; definiciones de derechos y obligaciones de cada puesto de trabajo de cada fiscal, garantías profesionales para los fiscales, medios materiales (por poner un ejemplo,  la mayor parte de los Fiscales se compran sus Códigos penales y procesales porque el Ministerio no incluye el suministro de textos legales a fiscales como una de sus obligaciones, y por supuesto la Fiscalía General mira a otro lado cuando se solicitan); o la necesidad de suspender Lexnet hasta que funcione correctamente y se solucionen sus problemas gravísimos, entre otros, de seguridad.   

Si queremos una mejor calidad democrática el camino pasa por ahí.
 

En un Estado de Derecho, es contradictorio que la Justicia sea la hermana pobre en los presupuestos, cuando es uno de los pilares fundamentales para garantizar las libertades y derechos de las personas reconocidos en la Constitución.Para lograr una justicia más eficaz, moderna y justa es importante avanzar en una reforma de la organización estructural, en buscar independencia en la elección de jueces y de sus órganos de Gobierno para generar confianza en la sociedad española.

Por Sonia Gumpert Melgosa. Decana del Colegio de Abogados de Madrid. (ICAM)


Mejorar la justicia en España : Reformas para que sea un pilar del Estado de Derecho

El poder político debe respetar esta independencia, despolitizando y profesionalizando su funcionamiento. El modelo de gestión requiere una actualización completa con importantes reformas e inversiones en todos los ámbitos judiciales.

Una reforma de las leyes procesales básicas para adaptarlas a la realidad actual, especialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que mantenga figuras constitucionales y tradicionales en la garantía de la independencia judicial y de la defensa ciudadana.
 
La Justicia debe someterse a una modernización en varios frentes empezando por la organización territorial. En la Comunidad de Madrid, con unas características únicas por albergar también los Tribunales Superiores de ámbito nacional, deberían concentrarse todos los órganos judiciales en un mismo espacio donde jueces, fiscales, abogados y otros operadores jurídicos pudieran desarrollar su actividad.
 
Apostamos por impulsar el proyecto de la Ciudad de la Justicia, tantas veces señalado, para simplificar y mejorar la dispersión de sedes judiciales que hay en estos momentos, mejorando así la actividad de las partes que intervienen en la Justicia.   
 
Aunque se están dando pasos importantes en la Administración de Justicia con la implantación del nuevo sistema Lexnet, que ha supuesto un avance importante para superar la brecha digital y servir a una justicia más rápida y sin papeles, debemos de seguir impulsando las nuevas tecnologías y un cambio de modelo que responda al nivel de eficacia, modernidad y agilidad que requiere  la sociedad del siglo XXI.

En esta línea, el Colegio de Abogados de Madrid también ha afrontado este reto, poniendo en marcha una transformación digital integral con un Plan Tecnológico para disponer de las novedades en el ámbito de las nuevas tecnologías de cara al futuro.
 
 Una justicia rápida y resolutiva, previa al juicio, que esté interconectada con apoyo informático de bases de datos a las que acceder directamente en modo consulta. También será necesario desarrollar e implantar un sistema de expediente digital  y con firma electrónica.
 
El reconocimiento a los abogados del Turno de Oficio, fundamental para lograr una justicia social, es otros de los retos que la Justicia tiene que afrontar para atender el derecho a una Asistencia Jurídica Gratuita.

Es preciso contar con un plan estable de inversión económica donde la Justicia actúe como un servicio público accesible a los ciudadanos y a la empresa sin obstáculos que impidan o dificulten el acceso a la misma.

Para activar los procesos en la justicia española es necesario buscar fórmulas que agilicen los juzgados y simplifiquen la resolución de los conflicto. Es muy importante impulsar sistemas como la mediación y el arbitraje.

Estamos ante retos importantísimos que cambiarán para siempre nuestra forma de relacionarnos y de comunicarnos, y la Justicia, como servicio público esencial al servicio de la convivencia ciudadana, ha de estar a la altura de este cambio.
 
 

Luis Javier Sánchez
Luis Javier Sánchez
Ardiel Martinez
Luisja Sánchez es periodista juridico e impulsor de varias publicaciones digitales. Le encontrarás en los principales eventos del sector, cercano a las fuentes informativas. En los últimos diez años ha dejado su sello en publicaciones como IURIS del grupo Wolters Kluwer o Escritura Pública del Consejo General del Notariado. También fue promotor de publicaciones como Puromarketing o Diariojuridico.com y responsable de contenidos en los últimos tres años de Lawyerpress. Ahora colabora en Law&Trends, Canal CIMA, publicación especializada en arbitraje y en Fundación FIDE. Es miembro fundador de ACIJUR y EMPLEO SENIOR.ORG . Y socio personal de FORETICA, entidad dedicada a la RSC. Puedes contactar con él y sugerirle ideas para PINTAR la justicia en luisjaviersf@gmail.com

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