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Blog de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa




El funcionamiento de la Administración de Justicia (AJ) en España está intensamente cuestionado: investigaciones penales interminables, juicios señalados a años vista y un sinfín de disfunciones que ponen en duda su eficacia. Pero, quizás, el funcionamiento más negativo afecta a la ejecución de sus resoluciones

Francisco Gutiérrez López. Magistrado. Doctor en Económicas.


La disfunción de las ejecuciones judiciales: Pautas para solucionar esta lacra
Cualquier abogado sabe que si difícil es obtener una sentencia en plazo razonable, más lo es que se ejecute con rapidez y eficacia. Es como si los jueces prestaran más atención a la función de juzgar que a la de ejecutar lo juzgado, cuando ambas las establece nuestra Constitución en su artículo 117-3º en idéntico plano de igualdad.

Tampoco son ajenas las políticas judiciales que desarrollan el MJ y CGPJ, que incentivan el dictado incontrolado de sentencias (planes de refuerzos, comisiones de servicios, sustituciones, JAT, Jueces en Expectativa de Destino) sin que se adopten planes específicos de ejecución, favoreciendo la acumulación de sentencias por ejecutar.

Basta analizar las estadísticas oficiales recogidas en el gráfico siguiente para concluir que la evolución del número total de ejecutorias en trámite en el periodo 2004-2015 fue muy negativa, con un incremento constante que alcanzaba el 94,3% en 2013, aunque se redujo a partir de 2014 hasta alcanzar el 91,0% en 2015 por la disminución del número de ejecutorias ingresadas desde 2010.


         

Fuente: Sección de Estadística Judicial, Consejo General del Poder Judicial.
Fuente: Sección de Estadística Judicial, Consejo General del Poder Judicial.
No obstante, la problemática de la ejecución no es la misma en todas las jurisdicciones y que, como se percibe en el gráfico siguiente, la evolución de las ejecutorias ha sido diferente en cada una de ella.

En la jurisdicción civil las ejecutorias en trámite son muy numerosas y la evolución entre 2004 y 2015 ha sido muy negativa, sufriendo, salvo en 2014, un incremento anual constante, aunque ralentizado a partir de 2013, que alcanzó en el periodo el 140,7%. Deterioro que, si bien se explica porque hubo un notable incremento de las ejecutorias ingresadas (69,2%), nos permite colegir que el sistema no está capacitado para ejecutar con rapidez y eficacia las resoluciones judiciales civiles.

En la jurisdicción penal, tras unos años de intenso incremento (2008-2010), las ejecutorias en trámite descendieron en 2015 hasta niveles de 2004 (-0,4%), pese a que el número de las ingresadas se incrementó, aunque moderadamente (11,4%).
            En la contencioso-administrativa la evolución fue irregular, con descensos en 2009 y 2010 de las ejecutorias en trámite, alcanzando finalmente un incremento del 55,2% en el periodo, aunque el número total es bajo. No obstante, la tendencia es negativa, por el notable incremento de las ejecutorias ingresadas (44,2%).

En la jurisdicción social la evolución de las ejecutorias en trámite fue irregular: bajadas hasta 2007, subidas hasta 2010 y nuevas bajadas hasta 2015, alcanzando entre 2004 y 2015 un incremento del 18,8% por el apreciable incremento de las ejecutorias ingresadas en el periodo (26,3%), aunque la tendencia desde 2011 es de mejora.  

Fuente: Sección de Estadística Judicial, Consejo General del Poder Judicial.
Fuente: Sección de Estadística Judicial, Consejo General del Poder Judicial.
SOLUCIONES

Hay que reconocer que la ejecución es una función ciertamente compleja en la que no es fácil ser totalmente eficaces, porque hemos de asumir que habrá decisiones judiciales que no podrán ejecutarse o se dilatarán en el tiempo por circunstancias ajenas (insolvencia del obligado) o por su naturaleza (familia). Pero, parece obvio que la situación actual, y podemos decir que histórica, porque es un mal endémico de la AJ española, es tan insatisfactoria que resulta posible y necesario mejorarla.

Como medidas a adoptar podemos distinguir:
I.- Generales: Participación activa de los Procuradores en la ejecución, a modo de los huissiers en Francia, como ya se ha defendido en foros judiciales (1)

II.- Particulares por jurisdicciones:
- Civil. Es la jurisdicción más problemática, sobrecargada y condicionada por su naturaleza privada y, por tanto, dependiente de las partes. Son necesarias oficinas comunes especializadas, subordinadas a la autoridad judicial y que cuenten con la activa participación de los Procuradores, salvo en los juzgados de familia, cuya naturaleza aconseja que dependan directamente de la oficina del juez sentenciador.
- Penal. La experiencia conseja que la ejecución de las penas no debe desplazarse a oficinas autónomas porque existe una estrecha relación y continuidad entre la actividad sentenciadora y la ejecución. No obstante, la actividad recaudatoria (multas e indemnizaciones) debe delegarse en la Agencia Tributaria bajo supervisión judicial y con el auxilio de los Procuradores.
- Contencioso administrativa. No tiene especiales problemas en la ejecución, no solo por su bajo volumen sino por la naturaleza pública del obligado (administración), y las facultades coercitivas con que cuentan la autoridad judicial.
- Social. Comparte las características de la civil, aunque atenuada por su menor volumen.      
 
(1) Manuel Damián Álvarez García, Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Luis Javier Sánchez
Luis Javier Sánchez
Ardiel Martinez
Luisja Sánchez es periodista juridico e impulsor de varias publicaciones digitales. Le encontrarás en los principales eventos del sector, cercano a las fuentes informativas. En los últimos diez años ha dejado su sello en publicaciones como IURIS del grupo Wolters Kluwer o Escritura Pública del Consejo General del Notariado. También fue promotor de publicaciones como Puromarketing o Diariojuridico.com y responsable de contenidos en los últimos tres años de Lawyerpress. Ahora colabora en Law&Trends, Canal CIMA, publicación especializada en arbitraje y en Fundación FIDE. Es miembro fundador de ACIJUR y EMPLEO SENIOR.ORG . Y socio personal de FORETICA, entidad dedicada a la RSC. Puedes contactar con él y sugerirle ideas para PINTAR la justicia en luisjaviersf@gmail.com

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