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BLOG DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL DERECHO Y LA EMPRESA




Artículo elaborado por José Luis Nevado, CEO de Sipay


José Luis Nevado plantea dos retos: (1) La rápida y flexible regulación de las actividades de la sociedad digital y (2) cómo las empresas deben incentivar, asumir y aplicar de forma práctica la innovación desarrollada por terceros
José Luis Nevado plantea dos retos: (1) La rápida y flexible regulación de las actividades de la sociedad digital y (2) cómo las empresas deben incentivar, asumir y aplicar de forma práctica la innovación desarrollada por terceros
Tenemos el privilegio de ser testigos directos de una revolución social que está transformando nuestra sociedad en su totalidad, desde cómo trabajamos a cómo nos comunicamos en nuestro ámbito personal. La forma de comprar, de socializarnos, de buscar pareja, de desarrollar una actividad profesional ha sufrido una transformación radical en los últimos años. Pero como testigos también tenemos la responsabilidad de participar en el cambio. Es por ello que tanto las empresas, como las instituciones públicas deben adaptarse a esta revolución, ofreciendo bienes, servicios y marcos legales pensados por y para el ciudadano, y esta labor, aunque evidente, no es tan sencilla.

Un ejemplo lo tenemos en los diferentes servicios de economía colaborativa que han ido surgiendo recientemente, desde compartir medio de transporte privado a plataformas de alquiler vacacional de vivienda. Por un lado, los usuarios finales han adoptado, de forma más que satisfactoria, el uso de estas plataformas que les permiten, en su concepción original, obtener unos ingresos extra de algunos activos ociosos en determinado momento. Pero otro tipo de usuarios, quizá más intrépidos y visionarios, han profesionalizado su actividad en estas plataformas, convirtiendo los servicios que allí ofrecen en su principal actividad económica. Es por ello que podemos decir que se ha cerrado el círculo del modelo que proponen estas startups tecnológicas a los usuarios: partiendo de modelos de ‘sharing’ de recursos como fuente alternativa de ingresos, se evoluciona a un servicio profesional especializado, y siempre basándose en las mismas plataformas. Es este el momento en el que se crea un punto de fricción con la industria tradicional, que considera (en algunos casos) la oferta de estos servicios competencia desleal.

Bajo este escenario es donde la regulación, según la opinión del que suscribe, no debe ser sólo lo suficientemente flexible como para no entorpecer la natural evolución de la sociedad digital, sino que debe ser rápida. De no serlo, las startups morirán de inanición en el camino. Hemos llegado al primero de los retos: Rápida y flexible regulación de las actividades económicas de la sociedad digital.

Al mismo tiempo las grandes empresas y corporaciones en ocasiones actúan como freno de la innovación, bien porque desean interiorizar y desarrollar la innovación en el seno de su compañía, o bien por considerar a estos proveedores de innovación amenazas en sí mismos. En realidad, atendiendo a su respuesta a la innovación podemos diferenciar entre dos tipos de empresas, a las que denominaremos ‘locomotoras’ y ‘vagones’. La conclusión es evidente: tanto las locomotoras como los vagones acaban en la misma vía  y realizando el mismo trayecto, pero unos llegarán a destino antes que otros, y además lo harán teniendo el control del viaje.

Presionados por el ecosistema que nos rodea, no es extraño encontrarnos con empresas que plantean la innovación como un caso de marketing, buscando una imagen de frescura y renovación, que en última instancia no refleja la realidad de la compañía, o bien una nota de prensa con la que capturar una imagen innovadora que les diferencie de la competencia. Desde esa perspectiva, basada en pilotos y pruebas de concepto que no cristalizan en productos y servicios reales, las startups nunca obtendrán los ingresos que les permitan seguir con vida y generando ideas disruptivas, pero lo que es peor, los usuarios finales nunca disfrutarán de las mejoras y beneficios que la sociedad digital puede ofrecer. En esta línea, en un estudio publicado por StartupBootCamp bajo el título de “Collaborate to innovate” (Colaborar para innovar), se indica que más de un 53% de los encuestados pensaban que las grandes corporaciones realmente no innovan de forma disruptiva, pero a su vez el 70% de las startups consideran muy importante colaborar con estas corporaciones en algún aspecto, generalmente como proveedores. Esto nos lleva al segundo de los retos: Las grandes empresas y corporaciones deben incentivar, asumir y aplicar de forma práctica y efectiva la innovación desarrollada por terceros.

Al igual que la economía colaborativa, todo lo relacionado con ciudades inteligentes o Smart cities está adquiriendo una relevancia primordial en el ecosistema innovador, aunando bajo el mismo techo a startups, grandes compañías  y ente públicos, que deben trabajar de forma conjunta en el diseño y ejecución de los proyectos que convertirán nuestro entorno urbano en ciudades más sostenibles y eficientes. Debido a la magnitud del concepto de Smart cities, es importantísimo realizar una planificación estratégica que permita la interoperabilidad y escalabilidad de las soluciones a adoptar, de tal forma que tengan recorrido en el tiempo y puedan integrarse, relacionarse y complementarse con otras soluciones, o con soluciones homólogas en otras ciudades. En definitiva evitar la creación de islas independientes, aisladas y limitadas en su crecimiento.

La planificación estratégica que requieren las Smart cities supone un claro ejemplo de la necesidad de los dos retos anteriormente expuestos de forma conjunta. Por un lado los diferentes gobiernos deben dotar de un marco regulatorio flexible, que sepa conjugar las necesidades del ciudadano con las soluciones a implementar, garantizando la seguridad y privacidad de los primeros, pero debe hacerlo de forma rápida, puesto que las startups, verdaderas locomotoras en innovación, no pueden sobrevivir años sin ingresos esperando por estas regulaciones. En paralelo, las grandes empresas y corporaciones deben apoyarse e incentivar a las startups y los emprendedores, otorgando o compartiendo al menos el papel de locomotoras de la innovación más disruptiva que cambiará el paisaje donde vivimos. La correcta relación entre la innovación que nace del pequeño emprendimiento, las grandes corporaciones y las instituciones públicas, es la clave que viabilizará, un futuro con soluciones inteligentes para nuestras ciudades que redunde en un mejor entorno donde vivir.
 




Jueves, 26 de Enero 2017

​El título puede parecer provocador, pero la pregunta no es desproporcionada ante la magnitud de los cambios a los que estamos asistiendo.


Enrique Titos
Enrique Titos
La pregunta corresponde al enunciado de una reunión de brainstorming sobre sociedad digital organizada en FIDE por Rafael Martínez-Cortiña con Javi Creus como ponente. Sin duda, Javi es una persona firmemente asentada en el conocimiento de la tecnología y en los retos que plantea en la sociedad. La influencia de las redes sociales, votaciones que arrojan resultados inesperados, la reacción de reguladores y grupos de presión ante el avance de fórmulas de negocio surgidas al calor de internet, son algunos de los exponentes que indican que estamos atravesando una etapa de cambio acelerado. 

En el centro está el nuevo ciudadano conectado, que ahora produce además de consumir, categoría donde le ubica este sistema económico que ahora confronta su renovación o desaparición en muchos sectores. Ese nuevo ciudadano que no se siente representado por los medios de comunicación, partidos políticos o poderes económicos tradicionales, que se pregunta si las instituciones pueden hacer mejor su trabajo o que cada vez encuentra más dificultad para encontrar un trabajo como en el siglo XX. Ese ciudadano que pone en valor sus activos y capacidades a golpe de clic, que prefiere (o no tiene otra opción) cada vez más pagar por usar que poseer.

Y en la estratosfera, luchas de geopoder al más alto nivel, donde las nuevas multinacionales se codean con los lobbies establecidos para crear un nuevo equilibrio donde la regulación actual es vista como anacrónica y un obstáculo para liberar las opciones que la tecnología otorga al nuevo ciudadano digital.

Es tal la miríada de cambios “funcionales” que aporta la tecnología que no es fácil tener una perspectiva global del relato que los engloba. Relato entendido como ese nuevo "software social" que de alguna forma se está programando. 

El siglo XX asistió a la lucha de capitalismo contra el comunismo, ganado por el primero tras el fracaso del experimento soviético y chino. El capitalismo fue dulcificado a través del socialismo, y todas las sociedades que han progresado se basan en este sistema híbrido. Es un capitalismo socializado, donde la persona se ha reivindicado frente a la corporación y ha conseguido niveles de reconocimiento y derechos que han permitido, hasta hace pocos años, la coexistencia de sus objetivos respectivos. La empresa necesitaba al trabajador, y éste a la empresa.

Esa magia se está rompiendo con la innovación tecnológica, y ya las empresas no necesitan a tantos trabajadores empleados, y de la misma forma, las personas no necesitan estar empleados en las empresas tradicionales aunque siempre necesitarán seguir ingresando para poder vivir. Hoy muchas de las empresas más cotizadas no son las que tienen más trabajadores o activos, y los mejores trabajadores son capaces de crear empresas que son competencia y a veces sobrepasan a las empresas establecidas. Entre ambos extremos hay millones de empresas y ciudadanos que tratan de sobrevivir enfrentándose a un futuro más incierto que el que ofrecía el siglo pasado.

Es un mundo donde el relato predominante podría ser el anarcocapitalismo ? Cual es el rol del estado en un nuevo sistema donde la tecnología permite unos niveles de transparencia e información que hacen innecesarias ciertas regulaciones? Cuales son las nuevas externalidades a las que hay que prestar atención? Puede la iniciativa privada a través de la tecnología prestar mejor ciertas funciones que corresponden a las instituciones? En suma, como convive un estado percibido como útil por los ciudadanos con las nuevas tecnologías?

Es un mundo donde el relato predominante será el cooperativismo? Es la teoría del pensador futurista Jeremy Rifkin, según la cual vamos a un mundo de abundancia, con costes marginales de producción tendentes a cero, donde el valor se distribuirá de una forma más igualitaria entre los integrantes de la sociedad en función de sus capacidades. No parece ser el caso ante la emergencia de los nuevos gigantes tecnológicos, pero sin duda la colaboración y la competición son estrategias necesarias en un mundo donde la innovación frecuentemente está  fuera de la propia empresa.

Mucho se habla de que las regulaciones están obsoletas y las empresas disruptivas como Uber o Airbnb están en plena cruzada contra los intentos de los lobbistas de las empresas establecidas de que se les aplique la normativa existente (en letra o en espíritu). Detrás de todo está la cuestión de qué son y qué hacen.

Quiero entender la legislación y la regulación como parte del software social que permite el funcionamiento de la sociedad. Digamos que sin la adecuada codificación, el ordenador no funciona correctamente. Se habla de autorregulación, de regulación basada en principios y no en normas deterministas que se superponen en una sucesión de parches laberínticos, campo sólo apto para abogados de alto voltaje, en constante interpretación de intersecciones no holladas. Se habla del ciudadano libre, que puede ejercitar sus opciones y que toma sus decisiones. Una entelequia, nunca la libertad fue una opción real para ciudadanos continuamente ilustrados por los relatos de los mejores de entre nosotros (que cada uno defina a los mejores según su preferencia). Si no tenemos normas, y no tenemos el código de programación, como funciona el nuevo software social?

Algunos hablan de blockchain como la gran promesa que permitirá vehiculizar transacciones y acuerdos de forma transparente, irreversible, sin intermediarios, en tiempo real, con verificación de todas las partes, de forma que la propia blockchain sea el "cuerpo de normas” que de forma automática verifique la que las partes cumplan los términos de un acuerdo. Pero blockchain ha de ser programado, no puede inventarse un protocolo entre partes, y por tanto es más un mecanismo de eficiencia de las rutinas administrativas que una filosofía en sí.

Se hace por tanto hoy, difícil ver la forma en que pueden convivir modelos regulados y modelos que hoy resisten la regulación y son muchos los que abogan por la no regulación con carácter inmediato, dejando la interpretación a los tribunales La objeción a esto es que se crea el equivalente a una servidumbre de paso que se convierte de facto en alter ego frente a la norma establecida.

También se habla de repensamiento del significado de valor en el nuevo contexto. El valor económico, el PIB tradicional, la visión financiera de la cuenta de resultados parece ser cada vez menos una buena aproximación del nivel de satisfacción, progreso y bienestar general de la sociedad. Porque parece que ese debiera ser el objetivo de las empresas e instituciones de las que nos hemos dotado en la sociedad: deberían ser un mecanismo cuyas métricas reflejaran el nivel de cumplimiento de las aspiraciones de la sociedad. Y ahí cuando menos hay dudas, si no directamente una voz de alarma ante el descontento social creciente, manifestado en índices de desigualdad o en desafección ante los procesos de democracia representativa. Tengamos en cuenta que todas las decisiones importantes que acaban afectando a las personas se toman por empresas o por instituciones, y se toman con las métricas que han significado clásicamente el progreso durante el siglo XX. Hay que reconocer no obstante, el avance tímido en aspectos como la solidaridad intergeneracional a través de conversaciones del clima o una sensibilidad social creciente en lo gobernantes hacia los más perjudicados por la desigualdad.

Pero no podemos olvidar que el sistema capitalista es el que ha permitido el progreso social más distribuido que ha tenido nunca la Humanidad, aun cuando es evidente que no está funcionando con la misma eficiencia que lo hizo sobre todo en el tercer cuarto del siglo pasado. Desde entonces, la rapidez del avance tecnológico ha venido arrinconando cada vez más las opciones tradicionales de encontrar un trabajo en una empresa, no digamos ya para mantenerlo toda la vida activa. De hecho, junto con las posibilidades mayores de los ciudadanos en esta sociedad de la abundancia para el que sabe y quiere reciclarse, la acumulación de riqueza y la creación de monopolios progresa a ritmos acelerados y frenéticos como nunca antes hemos visto. Aunque incrementa el numero de desplazamientos por su conveniencia (extiende el mercado), los Uber no son otra cosa que la concentración en una nuevas cuentas de resultados de buena parte de los beneficios que los taxistas obtenía antes de su llegada. Los Airbnb son nuevas cuentas de resultados que compite con las arcas de los hoteleros, al tiempo que crean nuevos ingresos en propietarios de viviendas que antes no se alquilaban. El reto no es muy distinto del que afrontan millones de minoristas que tienen que sobrevivir ante la llegada de las grandes superficies, que a su vez ahora luchan contra los minoristas de internet que sin tener establecimiento físico multiplican las ventas  los beneficios de las grandes superficies. Reinvéntate o desaparece.

Por tanto, se habla de cómo redistribuir la riqueza y las fuentes más prístinas del movimiento colaborativo, que da origen conceptual a buena parte de los nuevos competidores digitales, hablan de compartir los beneficios generados por las estas plataformas. Si los beneficios de Uber se repartieran entre los usuarios como si fuera una cooperativa entonces los precios de para los pasajeros podrían bajar, y los precios recibidos por los conductores podrían subir. La pregunta es donde  queda la remuneración del capital que está detrás del inventor de Uber y de su grupo de apoyo económico. No parece fácil articular esta simbiosis entre reparto del valor y limitación de la rentabilidad del accionista. Peter Thiel, uno de los más fervientes apoyos de Donald Trump desde Silicon Valley, emprendedor digital de éxito con empresas como Paypal, Facebook, y ahora Palantir entre otras, es un ferviente defensor de los monopolios como elemento de origen y tracción de innovaciones que traen progreso relevante. Innovación distribuida sí, pero también necesariamente liderada.

Ahora se habla de los fallos de la democracia representativa y quizá de lo buena que podría ser una democracia de participación directa. La experiencia “empresarial” (si así podemos decirlo) parece indicar que ambas posibilidades son compatibles: nuevos monopolios y un renovado ritmo de vitalidad empresarial en las PYMEs de la mano de las posibilidades de la tecnología. Parece que tendremos que buscar un nuevo software social que no implique el apartamiento de los actuales códigos, buscando más una transición hacia un modelo cuya morfología todavía no divisamos.
 

Artículo elaborado por Alejandro Sánchez del Campo Redonet, abogado y editor de Replicantelegal.com, en base a un texto previo de Rafael Martinez-Cortiña


Alejandro Sánchez del Campo Redonet
Alejandro Sánchez del Campo Redonet
La regulación de la denominada economía colaborativa es un asunto candente y espinoso. La CNMC ha recibido más de 600 respuestas a la consulta pública que publicó hace unos meses sobre el tema, la mayor parte de las cuales venían de ciudadanos y particulares. El presidente del organismo administrativo encargado de velar por los mercados ha señalado en varias ocasiones que va a defender los intereses de la mayoría y que no se pueden poner límites a una nueva forma de entender la economía, que genera oportunidades para todos.
 
Parece evidente que una de las cosas que no encaja bien es la normativa vigente, pensada para otras circunstancias. Un ejemplo claro es la reciente sentencia de un juzgado de Barcelona anulando la sanción impuesta por la Generalitat en 2014 a Airbnb por considerar que existe un vacio normativo.
 
En julio se publicaron las conclusiones de un grupo de debate sobre economía colaborativa que celebró en FIDE, en el que tuve el placer de participar.  Entre las siete claves que entendíamos deberían estar presentes en cualquier regulación o análisis de la materia destacábamos que no tendría sentido una norma general que intentara cubrir todos los sectores y actividades; que las normas deberían basarse más principios que en reglas muy detalladas; y que, la regulación, en el caso de que fuera necesaria, debería ser proporcionada y no incluir más restricciones a la actividad que las que fueran estrictamente imprescindibles.
A este respecto, leo con interés en Tendencias21 que Francia acaba de aprobar una nueva ley que obliga a los agentes de la economía colaborativa a cotizar a la seguridad social. En concreto, los que ganen más de 23.000 euros por alquilar una vivienda o 7.720 euros por alquilar su coche, tendrán que hacerse autónomos.
 
Para poder valorar si tendría sentido extrapolar una regulación parecida aquí, tenemos que entender qué diferencias existen entre España y Francia en el régimen de los autónomos.
  • Los autónomos en Francia no pagan impuestos durante el primer año de su actividad (cotizan a partir del segundo). En España pagas desde el primer momento por el derecho a facturar aunque no llegues a hacerlo.
  • Los impuestos en Francia se pagan si has obtenido ingresos. La cuota varía (12% de ventas comerciales; 21,3% de ventas en servicios y 18,3% para las profesiones liberales) y se pueden pagar mensual o trimestralmente.
  • La media de ingresos por actividad colaborativa en España es de 10.000 euros anuales y muchas personas apenas llegan a 4.000 al año. Poner un coste fijo a los autónomos en España de 450 euros/mes (cuotas, gestorías, etc) supondría que casi ningún ciudadano podría asumir un coste que es más elevado que los ingresos.
  • En Francia se ha regulado para mantener la calidad del “ciudadano productor”. Su objetivo es ordenar una actividad que está muy implantada allí. En España por el contrario se recurre a los tribunales para prohibir actividades económicas que son, paradójicamente, política de Estado en otros estados miembros de la UE (UK, por ejemplo).
 
La figura del auto-entrepreneur francesa
  • No existe en España. En Francia por el contrario existe una categoría legal que ampara a los trabajadores por cuenta ajena o en el paro que quieren iniciar una actividad laboral complementaria y facturar.
  • Impuestos: Están eximidos de cobrar el IVA en las facturas realizadas (aunque pagan IVA por productos para realizar la actividad empresarial); no se pueden desgravar IVA ni gastos de productos derivados de la actividad. El IRPF y la Seguridad Social se liquidan trimestralmente y se aplica un porcentaje sobre el volumen de negocio. Además la cotización a la Seguridad Social es equivalente a los servicios prestados.
  • Existen numerosos trabajos realizados en España que no están del todo encajados (por su elevadísimo coste): “servicios” como cuidado de personas mayores, niños, clases particulares, etc. o “trabajos que no ofrecen (exactamente) servicios” (airbnb, blablacar, etc). Este tipo de trabajos se podrían englobar bajo la figura del auto-entrepreneur.
 
La solución que se puede aplicar en España: el ciudadano productor
 
Vistos los anteriores antecedentes, una opción sería explorar la viabilidad de una nueva figura legal que podríamos llamar “ciudadano productor”, basada en la francesa de autoentreprenuer.
 
El objetivo sería transformar a aquellas personas desempleadas, con una mentalidad tradicional y poco activa y que están FUERA DEL MERCADO DE TRABAJO, en ciudadanos productores digitales y proactivos DENTRO DEL ESQUEMA PRODUCTIVO, gestionando y aprovechando sus recursos propios (su casa, su coche, su energía, su talento y su producción gráfica).
 
El público objetivo es muy claro: parados de larga duración con dificultades para entrar en el mercado laboral (por edad, básicamente), con experiencia profesional y capacidad para producir con sus recursos. Hablamos de unos 2.000.000 de parados de los cuales medio millón ya están en la economía colaborativa en España.
 
Como explica Rafael Martinez-Cortiña en este brillante artículo, la economía colaborativa ha sido impulsada por ciudadanos innovadores. Si deseamos ponernos al día con esta nueva realidad digital, no debemos seguir pensando en las soluciones analógicas del pasado para empresas industriales. Apostando por el ciudadano productor podremos entre todos conseguir una España más generosa, inclusiva y productiva. Así vista, la economía colaborativa es una gigantesca oportunidad para incluir a trabajadores digitales y proactivos en el sistema productivo español. 
 

Blog colectivo editado por Rafael Martínez-Cortiña
Eduardo Martínez de la Fe
Eduardo Martínez de la Fe
Rafael Martínez-Cortiña es CEO de Thinkeers, un Think Tank de reflexión distribuida y conectada que ayuda a comprender la Sociedad Digital y que facilita la transformación digital de empresas tradicionales hacia ecosistemas de negocio basados en comunidades conectadas peer-to-peer. Participa en esquemas digitales globales de integración de conocimiento. Pionero de la economía colaborativa en España.