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El Reglamento Europeo de Protección de Datos y la doctrina del TEDH en los asuntos Barbulescu y Lopez Ribalda. Segunda Parte.


Martes, 27 de Febrero 2018



El Tribunal de Derechos Humanos (TDH) ha vuelto a imponer limites a las empresas con la doctrina BARBULESCU. En una primera sentencia de 12 de Enero de 2016 ha legitimado que un empresario inspeccione los correos de un empleado y pueda despedir a un empleado por no atender la prohibición previa de no usar para usos personales una cuenta de Yahoo Messenger.

Sin embargo, en una segunda sentencia de 5 de Septiembre de 2017, la Gran Sala (11 votos contra 6) ha concluido que el Estado rumano violó el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y acoge el recurso del trabajador señalando que la vida privada del trabajador debe interpretarse de una manera amplia incluyendo las actividades profesionales y por tanto siguiendo la sentencia COPLAND reconoce que se deben proteger los mensajes privados electrónicos enviados desde el lugar de trabajo y por tanto en el litigio enjuiciado señala que en el lugar de trabajo están protegidas las nociones de "vida privada" y de "correspondencia".  Además, se señala con rotundidad que en el mundo del trabajo de hoy en día no es posible trazar una línea de separación neta entre vida profesional y vida privada, insistiendo en que el empleador no había advertido previamente al trabajador de que sus comunicaciones electrónicas, efectuadas desde la cuenta profesional, podían ser vigiladas y controladas.

Otro caso interesante nos llega ya en sentencia del 9 de Enero de 2018 el caso LOPEZ RIBALDO que llega a la conclusión de que la vigilancia encubierta de los cajeros de un supermercado español vulneró los derechos de la vida privada de los trabajadores mientras que los tribunales españoles habían admitido como prueba las grabaciones y confirmaron las decisiones de despido.

En este supuesto, prevalece el derecho de privacidad de las empleadas sobre el derecho de la empresa a evitar robos o hurtos de productos por sus empleados y  la decisión empresarial de instalación de cámaras ocultas de manera sorpresiva y sin aviso previo puede no ser una buena idea y abrir riesgos de calificación jurídica de despidos nulos o improcedentes. Sobre ello, se debe recordar que cualquier acción de investigación de incumplimientos laborales de los trabajadores por parte de las empresas hay que construirla sobre la existencia de una sospecha o motivo objetivo y acreditable de modo que si se supera el triple juicio del Tribunal Constitucional de idoneidad, necesidad y proporcionalidad se podrán instalar esas cámaras ocultas de manera eficaz y garantizar que sus grabaciones son una prueba válida y exitosa en un litigio laboral.
 
En este contexto, las empresas cuando elaboren políticas de de control y vigilancia de la prestación laboral con el usos de dispositivos o equipos deben advertir la tensión y equilibrio que existe entre la libertad de empresa para el ejercicio del control de la prestación laboral y los derechos de privacidad de los empleados siendo esencial atenerse a lo dispuesto en la LOPD y a la doctrina del Tribunal Constitucional y a los siguientes principios clave: (i) la información previa y clara al trabajador y anterior a la puesta en práctica del control (lo que excluye sistemas de control empresarial sorpresivos o no informados); (ii) en algunos casos, el consentimiento del trabajador (lo que excluye la unilateralidad o la imposición empresarial); y (iii) la calidad de los datos y la finalidad del control que obliga a valorar la legitimación (fin legítimo vinculado a las exigencias del proceso productivo, protección del patrimonio o la salud), la proporcionalidad (valoración de espacios y de intensidad temporal) y la congruencia que tienen las empresas que acreditar para limitar los derechos de los trabajadores.
 




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CARLOS DE LA TORRE GARCÍA
Ardiel Martinez
Ardiel Martinez
Abogado Of Counsel del Departamento Laboral de Baker&Mckenzie. Especialista en asesoramiento laboral y de Seguridad Social de clientes nacionales e internacionales. Comenzó su carrera profesional como Inspector de Trabajo (ahora en excedencia) y ha sido Director de RRHH del Instituto de Crédito Oficial y Consejero de Fomento de la Embajada de España en Londres y desempeñado cargos internacionales como Representante Permanente de España en la OMI y en el FIDAC y Consejero de CECA. Ha sido profesor asociado de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid y cursado programas de postgrado en el Instituto de Empresa y en IESE. Asesora a empresas multinacionales en España y coordina el asesoramiento laboral en otros países o jurisdicciones en contratos de trabajo, negociación colectiva de convenios y/o acuerdos de empresa, periodos de consulta en reestructuraciones de empresas. Es mediador en conflictos laborales. En la actualidad es codirector de los Foros de FIDE "Actualidad Laboral" y "La RSE y el Derecho". Es Vicepresidente de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales (ADIRELAB) y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Abogados Laboralistas (AIAL). Es coautor de los siguientes libros: "Mercado laboral sostenible 2020: estrategias públicas y empresariales" (2012, Ed Wolters Kluwer) ,"Innovación y Responsabilidad social: tándem de la competitividad" (2013, Ed. Wolters Kluwer) y "Reestructuraciones de empresas y planes sociales de acompañamiento (2010, Ed. Cinca).



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