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INCERTIDUMBRES Y CERTEZAS EN TORNO A LA INDEMNIZACIÓN POR FINALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS TEMPORALES.


Jueves, 10 de Noviembre 2016

Ana de la Puebla Pinilla
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, UAM

En un periodo caracterizado por una sequía normativa ya demasiado larga, la STJUE de 14 de septiembre de 2016 (Asunto C- 596/14, De Diego Porras y Ministerio de Defensa) ha convulsionado el panorama jurídico laboral. De ello es prueba la repercusión mediática de este pronunciamiento, que ha merecido numerosos comentarios y opiniones en la prensa escrita y en los demás medios de comunicación. El contenido de la Sentencia y los efectos que ya está generando en la interpretación de los tribunales nacionales justifican sobradamente el interés suscitado.



Las continuas referencias a este pronunciamiento permiten presumir que cualquier ciudadano mínimamente informado pueda conocer ya el asunto que motivó la sentencia, así como las declaraciones que la misma contiene. En síntesis, la sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con una trabajadora interina del Ministerio de Defensa cuyo contrato finaliza por reincorporación de la trabajadora sustituida. El Tribunal europeo, -tras declarar que la indemnización por extinción del contrato es una “condición de trabajo” a la que resulta aplicable la prohibición de discriminación entre temporales e indefinidos recogida en el Acuerdo Marco sobre contratos de duración determinada que figura como Anexo a la Directiva 1999/70-, declara que la norma comunitaria “se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que deniega cualquier indemnización por finalización de contrato al trabajador con contrato de interinidad, mientras que permite la concesión de tal indemnización, en particular, a los trabajadores fijos comparables”.

Tal pronunciamiento ha suscitado de inmediato numerosos interrogantes: ¿Es extensible dicha interpretación a la extinción de otros contratos temporales distintos al de interinidad? ¿es aplicable dicha doctrina también a la extinción de contratos temporales celebrados en el ámbito de la empresa privada? ¿toda extinción de un contrato temporal es siempre “objetiva” o requiere ser asimilable a alguna de las previstas en el art. 52 ET? ¿deberían seguirse los trámites formales o procedimentales del art. 53 ET para la extinción de los contratos de duración determinada? ¿pueden los extrabajadores temporales reclamar la indemnización por la extinción de sus contratos?.....
 

Algunas de estas cuestiones han obtenido expresa respuesta en los pronunciamientos judiciales que ya, en el escaso margen de tiempo transcurrido desde la sentencia del Tribunal europeo, se han pronunciado. La primera de ellas, del TSJ de Madrid de 5 de octubre de 2016, resolvió el litigio que había dado lugar a la cuestión prejudicial recordando que ha de estarse a la interpretación efectuada por el Tribunal europeo y concluyendo que la trabajadora “tiene derecho a igual indemnización que la que correspondería a un trabajador fijo comparable de extinguirse su contrato por otra causa objetiva”. La misma interpretación ha efectuado poco después el TSJ del País Vasco en sendas sentencias de 18 de octubre de 2016. Estas últimas se refieren a contratos para obra o servicio determinado, lo que permite afirmar que el Tribunal admite sin dudarlo que la interpretación del Tribunal europeo es aplicable a todos los contratos temporales del art. 15 ET. Todas ellas, incluida la del TSJ de Madrid, estiman además que la extinción contractual del contrato temporal se produce en virtud de una causa objetiva  con una estructura causal análoga a las que el artículo 52 del ET denomina "causas objetivas", en cuanto a su través se evidencia la necesidad productiva de extinguir una relación laboral. Y de ahí se alcanza la conclusión de que la indemnización ha de ser la prevista en el art. 53 ET, esto es, la calculada a razón de veinte días por año de servicios prestados. También coinciden todos los pronunciamientos mencionados en que no es preciso atenerse al procedimiento de despido contemplado en el art. 53 ET de tal manera que la falta de entrega de la indemnización al trabajador temporal simultáneamente con la comunicación de la extinción no determinaría la declaración de improcedencia. La coincidencia alcanza incluso a la falta de argumentación sobre cómo se alcanza dicha conclusión.

La cuestión de si esta doctrina elaborada por el Tribunal europeo es también aplicable a las relaciones laborales en la empresa privada también ha obtenido expresa respuesta en una de las Sentencias del TSJ del País Vasco de 18 de octubre de 2016, la que resuelve el recurso núm. 1872/2016, pues es la única que se refiere a un contrato de trabajo en el ámbito de la empresa privada. Tratándose de relaciones entre privados, la eficacia directa de las Directivas comunitarias tiene un carácter absolutamente excepcional que el Tribunal europeo limita restrictivamente a los supuestos en que se trata de un derecho fundamental de la Unión Europea y siempre que su contenido sea suficientemente preciso como para configurar un derecho subjetivo. Para el TSJ del País Vasco, sin embargo, tal eficacia directa concurre en el supuesto referido a la indemnización por extinción de contratos temporales, haciendo innecesario el recurso a la interpretación conforme que exigiría al juez nacional interpretar su derecho interno de la forma más adecuada para que sea compatible con la Directiva. Y es que, según señala la sentencia, la prohibición de discriminación entre temporales e indefinidos remite al art. 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
 

No se aborda, lógicamente, en las sentencias citadas la cuestión de si los trabajadores con contratos temporales ya extinguidos pueden plantear reclamaciones de cantidad exigiendo la indemnización o las diferencias de indemnización que no se les abonaron al extinguirse sus contratos temporales. Pero no parece haber inconveniente procesal para el planteamiento de dichas acciones, con el límite de las situaciones devenidas intangibles por la prescripción de un año prevista en el art. 59.1 ET.

Podría pensarse, a la luz de cuanto se ha comentado, que hay cierto consenso judicial en el alcance e interpretación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero es, sin duda, demasiado pronto para alcanzar conclusiones mínimamente fiables.
La muestra judicial es absolutamente insuficiente y las soluciones aportadas remiten, como no podía dejar de ocurrir, a los concretos supuestos planteados.

Si es razonable pensar una intervención del legislador para clarificar la regulación normativa de la extinción de los contratos temporales, también lo es esperar algún pronunciamiento judicial que, por resultar divergente a las interpretaciones realizadas hasta el momento, permitan la intervención unificadora del Tribunal Supremo. Y, probablemente, esto llegará mucho antes.

 

Esta importante sentencia del TJUE que ha abierto una nueva controversia sobre la conformidad o no a las normas comunitarias de las diferencias de indemnizacion entre trabajadores temporales y trabajadores fijos comparables y otras relativas a otras materias del Derecho social europeo se analizarán en la próxima sesión del 30 de noviembre del Foro de FIDE de "Actualidad Laboral". 
 
 
 

 http://www.fidefundacion.es/agenda/Derecho-Social-de-la-UE_ae413971.html
 
 
 

 





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CARLOS DE LA TORRE GARCÍA
Ardiel Martinez
Ardiel Martinez
Abogado Of Counsel del Departamento Laboral de Baker&Mckenzie. Especialista en asesoramiento laboral y de Seguridad Social de clientes nacionales e internacionales. Comenzó su carrera profesional como Inspector de Trabajo (ahora en excedencia) y ha sido Director de RRHH del Instituto de Crédito Oficial y Consejero de Fomento de la Embajada de España en Londres y desempeñado cargos internacionales como Representante Permanente de España en la OMI y en el FIDAC y Consejero de CECA. Ha sido profesor asociado de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid y cursado programas de postgrado en el Instituto de Empresa y en IESE. Asesora a empresas multinacionales en España y coordina el asesoramiento laboral en otros países o jurisdicciones en contratos de trabajo, negociación colectiva de convenios y/o acuerdos de empresa, periodos de consulta en reestructuraciones de empresas. Es mediador en conflictos laborales. En la actualidad es codirector de los Foros de FIDE "Actualidad Laboral" y "La RSE y el Derecho". Es Vicepresidente de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales (ADIRELAB) y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Abogados Laboralistas (AIAL). Es coautor de los siguientes libros: "Mercado laboral sostenible 2020: estrategias públicas y empresariales" (2012, Ed Wolters Kluwer) ,"Innovación y Responsabilidad social: tándem de la competitividad" (2013, Ed. Wolters Kluwer) y "Reestructuraciones de empresas y planes sociales de acompañamiento (2010, Ed. Cinca).