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Las 10 tendencias de Compliance laboral en 2018 (II)


Miércoles, 10 de Enero 2018



6.           Los programas de ageing y de transición hacia la jubilación y la reforma del contrato de relevo.
 
Las empresas afrontan en 2018 los retos derivados del rejuvenecimiento de las plantillas. La normativa laboral y de Seguridad Social ha evolucionado hacia una penalización de la jubilación anticipada y parcial y a un retraso de la jubilación ordinaria. Además, se ha limitado mucho el campo de acción de las empresas con la prohibición de las cláusulas de jubilación forzosa por razón de edad y la incertidumbre sobre la legalidad de las clausulas contractuales de jubilación forzosa.  Las aportaciones al Tesoro en el caso de expedientes de regulación de empleo con un umbral determinado de trabajadores de 50 o más años ha sido una línea roja a evitar por las compañías. En ese contexto, la edad ha marcado la estrategia de contratación laboral de trabajadores de más de 45 años pero también las decisiones de salida con programas de transición hacia la jubilación, ya sea dentro o fuera de un expediente de regulación de empleo, con formatos de jubilación parcial y/o anticipada voluntaria o involuntaria.
 
En la mesa del dialogo social en 2018 esta pendiente de activación una propuesta de reforma de la jubilación parcial en la siguiente dirección: (i) se permite reducir hasta 4 años respecto a la edad legal de jubilación, la edad a la que un trabajador puede comenzar su jubilación parcial; (ii) reduce la relación entre las bases de cotización del relevado y el relevista; (iii) reduce la cotización del jubilado parcial del 100% a solo el 60% mediante una bonificación en la cotización (no reducción) que iría a cargo de la Seguridad Social y (iv) incorpora una nueva modalidad de contrato de relevo y de jubilación parcial que posibilite la formación de trabajadores jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantí Juvenil que se incorporen a la empresa sin experiencia ni cualificación previa para ese puesto de trabajo. En resumen: los programas de diversidad, incluyendo el factor de edad, y los contratos de relevo, volverán a tener protagonismo en 2018.

7.           La protección de datos de los empleados tras la entrada en vigor del Reglamento europeo y los efectos de la doctrina Barbulescu.
 
La entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) el 25 de mayo de 2018 aplicable a todas las empresas de la UE que realicen un tratamiento de datos de ciudadanos europeos va a marcar la agenda de cumplimiento de las compañías y del nombramiento del Data Protection Officer (DPO).  Sin duda, las formas de vigilancia empresarial de la prestación laboral de los empleados implican tratamiento de datos y los principios clave a la hora de determinar la licitud o ilicitud de la recogida de datos de los empleados según la LOPD y la doctrina del Tribunal Constitucional son: (i) el consentimiento del afectado; (ii) la información previa; y (iii) la calidad de los datos obtenidos: legitimación, proporcionalidad y congruencia. Además, será conveniente revisar las políticas de supervisión del uso de las herramientas informáticas en el trabajo a raíz de la doctrina Barbulescu que abre un marco más garantista para proteger la privacidad del trabajador. Las compañías tendrán que organizarse bien para cumplir la normativa europea de protección de datos ya que las sanciones pueden llegar a los 20 millones de euros o a un 4% de la facturación.

8.           La equidad salarial entre mujeres y hombres por trabajos de igual valor.
 
2018 será un año importante en España en la reducción de la brecha salarial que pueda ser calificada como discriminatoria.  Siguiendo el modelo comparado de Reino Unido o Alemania ya hay una propuesta del Ministerio de Empleo en la Mesa de Dialogo Social para obligar a las empresas de más de 250 trabajadores a adoptar medidas de transparencia que cuantifiquen la retribución por género conforme a una tabla de clasificación profesional.

9.           El control de cotizaciones sociales por contingencias profesionales (CNAE) y/o bonificaciones y reducciones aplicadas por las empresas.
 
En 2018, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social seguirá con su campaña de control del cumplimiento estricto por parte de las empresas de la cotización de sus trabajadores por la cuota de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el objetivo de seguir aflorando "recaudación inducida" centrada en verificaciones de las cotizaciones de los trabajadores que las empresas tienen inscritos en el denominado cuadro II de ocupación de la letra "a" en "trabajos exclusivos de oficina" cuya normativa tiene un antes y un después de la reforma adoptada por la Ley 48/2015, de 29 de octubre, en vigor desde 1 de Enero de 2016.
 
En los últimos años, han existido numerosas actuaciones inspectoras en materia de CNAE o de anulación de bonificaciones o reducciones en las cotizaciones sociales (por ejemplo en materia de tarifa plana o de incentivos por siniestralidad laboral) con requerimientos de recaudación inducida o Actas de Liquidación con contingencias económicas muy elevadas y resultará esencial para las compañías tener auditorías previas sobre su nivel de cumplimiento de la normativa y planificar una adecuada estrategia de defensa empresarial.

 10.        El fin de los convenios de empresa en la contratación publica.
 
La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público incorpora notables novedades en materia laboral y entrará en vigor el 9 de marzo de 2018.  Su aplicación en 2018 va a suponer, entre otras, las siguientes novedades: (i) se impone la aplicación del convenio colectivo sectorial cuya vulneración puede comportar multas e incluso la resolución del contrato en contra del principio de prioridad aplicativa del convenio de empresa previsto para determinadas materias en la reforma laboral de 2012; (ii) se podrá exigir que el adjudicatario cumpla características sociales (por ejemplo, distintivos de igualdad de género) y en todo caso no se podrá contratar aquellas empresas de más de 250 trabajadores que incumplan la obligación de contar con un plan de igualdad; (iii) en defecto de previsión expresa se aplicarán criterios sociales para el desempate entre dos o mas ofertas debiendo atenderse por este orden al mayor porcentaje de (a) trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión; (b) mujeres; (iv) podrán establecerse condiciones laborales en relación a la ejecución del contrato, entre otros, la garantía del respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción (siguiendo el modelo de la normativa francesa); (v) se obliga al presupuesto base de licitación a desglosar los costes salariales estimados a partir del convenio sectorial y se dispone la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales conforme al convenio sectorial.
 




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CARLOS DE LA TORRE GARCÍA
Ardiel Martinez
Ardiel Martinez
Abogado Of Counsel del Departamento Laboral de Baker&Mckenzie. Especialista en asesoramiento laboral y de Seguridad Social de clientes nacionales e internacionales. Comenzó su carrera profesional como Inspector de Trabajo (ahora en excedencia) y ha sido Director de RRHH del Instituto de Crédito Oficial y Consejero de Fomento de la Embajada de España en Londres y desempeñado cargos internacionales como Representante Permanente de España en la OMI y en el FIDAC y Consejero de CECA. Ha sido profesor asociado de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid y cursado programas de postgrado en el Instituto de Empresa y en IESE. Asesora a empresas multinacionales en España y coordina el asesoramiento laboral en otros países o jurisdicciones en contratos de trabajo, negociación colectiva de convenios y/o acuerdos de empresa, periodos de consulta en reestructuraciones de empresas. Es mediador en conflictos laborales. En la actualidad es codirector de los Foros de FIDE "Actualidad Laboral" y "La RSE y el Derecho". Es Vicepresidente de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales (ADIRELAB) y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Abogados Laboralistas (AIAL). Es coautor de los siguientes libros: "Mercado laboral sostenible 2020: estrategias públicas y empresariales" (2012, Ed Wolters Kluwer) ,"Innovación y Responsabilidad social: tándem de la competitividad" (2013, Ed. Wolters Kluwer) y "Reestructuraciones de empresas y planes sociales de acompañamiento (2010, Ed. Cinca).



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