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El pasado 23 de Junio el Reino Unido a través de un Referéndum ha tomado un curso de acción sin precedentes: la salida del Reino Unido de la Unión Europea que ha supuesto un shock en los mercados financieros y abre una zona de incertidumbres, riesgos e interrogantes en aspectos regulatorios sobre cómo se va a aplicar el articulo 50 del Tratado de Lisboa y en que calendario y condiciones va a quedar acreditada la salida del Reino Unido de la Unión Europea en un plazo de dos años desde el inicio de las negociaciones y que va a suponer la redefinición de las reglas del juego con impacto en aspectos comerciales, fiscales, arancelarios, laborales, de Seguridad Social, migratorios, etc.


BREXIT: WHAT IT MEANS FOR YOUR BUSINESS?
Los resultados del referéndum han arrojado un balance global en todo el país en favor del BREXIT (51,9% versus 48,1%) y un porcentaje mayoritario en favor del BREXIT en Inglaterra (un 53,4%) y en Gales (un 52,5%) y en contra del BREXIT en Escocia (un 62%) y en Irlanda del Norte (un 55,8%) lo que parece alimentar, también, no solo el proteccionismo económico sino también las aspiraciones de independencia dentro del Reino Unido. Las consecuencias políticas del BREXIT se han cobrado las dimisiones política de Jonathan Hill, Comisario británico responsable de estabilidad financiera, servicios financieros y unión de mercados de capitales de la Comisión Europea y  del Primer Ministro David Cameron en un discurso histórico resumido en esta declaración: "I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship, but I don´t think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to the next destination".


El BREXIT sin duda va a alterar las relaciones de España con el Reino Unido.  Algunos datos nos pueden enseñar como está en fechas recientes dicha relación:
 
  • En intercambios migratorios hay en 2015 305.970 británicos residentes en España y 102.498 residentes españoles en Reino Unido. La cuestión migratoria parece haber sido decisiva para el BREXIT teniendo en cuenta que se mantiene una tasa neta de inmigración en 2014 y 2015 de 500.000 inmigrantes.
  • Los flujos comerciales muestra unas importaciones desde Reino Unido en 2015 por importe de 12.584 millones de euros y una exportaciones hacia Reino Unido en 2015 por importe de 18.231 millones de euros.
  • La inversión acumulada de España en Reino Unido en 2014 alcanza los 62.117 millones de euros y la inversión acumulada de Reino Unido en España en ese año se limita a 24.613 millones de euros.
  • España tiene un superávit del 1,1% del PIB en su balanza comercial y de servicios con Reino Unido ya que las transacciones suponen un beneficio neto de 11.000 millones de euros al año.
  • Los turistas británicos en 2015 alcanzaron la cifra de 15,5 millones con un gasto total de 14.057 millones de euros (la mayor cifra de todos los países) y esas cifras podrían disminuir notablemente con la depreciación de la libra esterlina.
  • Las empresas españolas instaladas en Reino Unido tienen 75.000 empleos y las empresas británicas en España dan empleo a 98.000 trabajadores.
  • Los emigrantes españoles en Reino Unido (un 15% del total son españoles) también podrían reducirse si emergen condiciones más estrictas de acceso al país y a los servicios sociales.
 
El BREXIT abre escenarios no conocidos que transitan por un incremento del proteccionismos económico y el rechazo de la globalización y de la inmigración y algunos potencialmente perjudiciales tanto para Reino Unido (que afronta una posible recesión económica cuya prevención ya ha motivado medidas del Banco de Inglaterra para impulsar el crédito con una reducción al 0% con efecto inmediato y rebajar las exigencias de capital a los Bancos) como para España, entre otros:
 
  1. Una caída brusca de las exportaciones españolas si no se negocia otro acuerdo comercial que sustituya a la actual situación como socio comunitario que podría afectar a la industria automovilística, la de aviación, la alimentaria y la farmacéutica.
  2. Una posible caída de la inversión española en el Reino Unido al caer la confianza en las instituciones británicas lo que también podría perjudicar a las ganancias de las empresas españolas ya instaladas allí.
  3.  Un incremento de los problemas del sector financiero en UK con posible impacto en entidades bancarias españolas en la City ya que Santander y Banc Sabadell tienen grandes activos en el país y beneficios consolidados que podrían ser dañados por riesgos regulatorios y por el incremento del aumento del impago de créditos si llega la recesión en ese país.
  4. Un importante efecto desregulatorio en Reino Unido de las libertades y derechos de la Unión Europea (libertad de establecimiento y libre circulación de bienes, servicios, trabajadores y capitales).

La Oficina de Londres de Baker&Mckenzie ha identificado cinco grandes alternativas para la redefinición de la relación Reino Unido - Unión Europea: http://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2016/03/brexit-what-it-means-for-your-business/report2980marbrexit.pdf?la=en
 
Una primera opción sería que Reino Unido se uniese a la EEA y EFTA ("modelo nórdico") de modo que permitiría de un lado, el acceso de UK al mercado interior comunitario sin restricciones y de otro, las empresas comunitarias tendrían libre acceso al mercado británico manteniendo las libertades vigentes y la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. Ese modelo conllevaría mantener una contribución de Reino Unido al presupuesto comunitario y adoptar las normas comunitarias aunque se mantendría una tarifa arancelaria externa entre Reino Unido y los países de la Unión. La desconexión si aplicaría para la exclusión del Reino Unido de la política agrícola común y de la política pesquera comunitaria y  alcanzaría a otras políticas comunes (energía; transportes; seguridad y política exterior; etc.). Estos cambios tendrían impacto en los agricultores británicos que no estarían protegidos por las limitaciones comunitarias a importadores de terceros países ni tendrían derecho a subsidios en caso de sobreproducción.

Una segunda opción sería que Reino Unido mantuviese una Unión Aduanera con la Unión Europea ("modelo turco") de modo que Reino Unido pudiese exportar mercancías a los países comunitario sin aranceles y viceversa pero no aplicaría la contribución presupuestaria de Reino Unido al presupuesto de la Unión y tampoco la libre circulación de personas y trabajadores. Esta segunda opción no permitiría el acceso reciproco a los servicios cuestión que tendría que ser negociada a nivel bilateral.
 
Una tercera opción sería que Reino Unido mantuviese una relación bilateral nueva con la Unión Europea ("modelo suizo") y tendría que abrirse una negociación sector por sector (Suiza tiene 130 acuerdos comerciales con la Unión Europea). En esta tercera opción no aplicaría la contribución presupuestaria de Reino Unido a la Unión y tampoco activaría la libre circulación de trabajadores.

Una cuarta opción podría ser que Reino Unido negociara un Acuerdo de Libre Comercio ("FTA") con la Unión Europea y con terceros países.
 
Una quinta opción sería finalmente que Reino Unido pudiera seguir una salida completa de la Unión Europea y el Reino Unido no entraría en acuerdos comerciales con la Unión Europea o terceros países y se aplicarían las reglas de libre comercio de la Organización del Comercio Mundial (WTO). Por supuesto, esta opción excluiría también cualquier aportación británica al presupuesto comunitario y no aplicaría la libre circulación de trabajadores.

Cada opción tiene una vida propia y numerosos efectos jurídicos. En el ámbito laboral, migratorio y de Seguridad Social hay disposiciones muy relevantes en la normativa comunitaria (en los Tratados, reglamentos y directivas comunitarias) en múltiples áreas, entre otras: TUPE; tiempos de trabajo máximo; tiempos de descanso; vacaciones; obligaciones de información a representantes de trabajadores; despidos colectivos; empresas de trabajo temporal; comités e empresa europeos; discriminación;  computo reciproco de cotizaciones a la Seguridad Social; acceso de ciudadanos comunitarios a prestaciones sociales de la Seguridad Social del Reino Unido; libertad de circulación de trabajadores; etc. cuyo impacto y redefinición en cada una de las cinco opciones enunciadas podría ser diferente y que probablemente vendrán a confirmar la distancia en las cuestiones sociales y de empleo entre la Unión Europea y el Reino Unido que siempre se ha guiado por la tradición británica menos intervencionista en las relaciones laborales y la defensa a ultranza del principio de subsidiaridad.
 http://bakerxchange.com/rv/ff00287fae2aa366b8d3c7f9fe418788d6acb310


En conclusión, el BREXIT puede conllevar un impacto severo en los marcos regulatorios de empleo, movilidad y Seguridad Social y va a afectar a las condiciones de expatriación y de contratación local de empleados de las empresas españolas instaladas en el Reino Unido aunque si parece que vamos a tener un largo periodo transitorio hasta 2019 aunque también haya que defender que en aspectos comerciales de elección del "English Law" no será necesario un cambio significativo de los contratos existentes o de las prácticas de uso de las normas británicas.

 Sobre ello, FIDE como es habitual ofrecerá un análisis exhaustivo de los distintos efectos jurídicos e impactos económicos del BREXIT que ya cuenta con un primer seminario el próximo 14 de Julio http://www.fidefundacion.es/agenda/Consecuencias-del-Brexit_ae404108.html



Viernes, 8 de Julio 2016

Gabriel Ortiz Aguilar
Asociado Senior Departamento Laboral
Baker & McKenzie México




A finales del mes de abril del presente año, el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 123 Constitucional, así como a su Ley Reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo. Esta iniciativa pretende modificar de fondo el sistema de impartición de justicia laboral en México, así como brindar una mayor certeza jurídica respecto de la firma, depósito y alcances de los Contratos Colectivos de Trabajo, y de la constitución y registro de sindicatos.

A manera de antecedente, por razones hoy meramente históricas que datan de tiempos revolucionarios de 1910, durante los cuáles se creó el Constituyente Permanente con el fin de redactar nuestra actual Constitución Política, en México las controversias litigiosas laborales no son dirimidas por juzgados especializados dependientes del Poder Judicial, tanto a nivel Federal como Estatal o local, como sería el caso de las materias civil, mercantil o penal. Por el contrario, son las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales dependen estructural y presupuestariamente del Poder Ejecutivo correspondiente, las encargadas de la impartición de la justicia laboral. Como parte de esta estructura, a la cuál podríamos considerar un tanto en desuso hoy en día a nivel mundial y siendo heredadas directamente de la OIT, las llamadas "Juntas" operan bajo un esquema de tripartismo, donde son representados de igual manera los factores de la producción (el trabajo y el capital), así como el gobierno, en la figura del Presidente de cada Junta.
 

Cambios en la impartición de justicia laboral en México:  desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Actualmente, la justicia laboral en México enfrenta un grave rezago que se alimenta de diversos factores: la nula o muy escasa capacitación que recibe el personal que labora en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la rampante corrupción que se respira en los pasillos de las mismas, así como la falta de un presupuesto digno que permita dotar a los funcionarios de herramientas e instalaciones adecuadas para llevar a cabo tan importante función.
 
A manera de ejemplo, durante el año 2016, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tuvo una reducción de 146 millones de pesos en su presupuesto, al pasar de 1053 millones en 2015 a 907 millones de pesos para este año, de acuerdo con datos obtenidos del Presupuesto de Egresos de la Federación (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf). Lo anterior resulta preocupante, pues la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje consta únicamente de 66 Juntas Especiales distribuidas a lo largo de todo el país para atender a más de 52 millones de personas en edad económicamente activa en todo México (http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1). Asimismo, las Entidades Federativas deben sortear circunstancias similares: tan solo la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, que a su vez cuenta con 20 Juntas Especiales, debe atender cerca de cien mil procedimientos contenciosos por año.
 
Entre otras cosas, la reforma pretende desaparecer por completo las Juntas de Conciliación y Arbitraje en ambos niveles gubernamentales, y en cambio asignar las facultades jurisdiccionales hacia órganos dependientes directamente del Poder Judicial, igualmente a nivel Federal como Estatal; es decir, la creación de juzgados laborales especializados Federales y Estatales. Asimismo, las leyes orgánicas propias de cada uno de estos Poderes Judiciales determinarán las reglas específicas bajo las cuales operarán los jueces laborales en cada ámbito de gobierno.
 
Uno de los objetivos que se persiguen con esta reforma es que la duración de los juicios laborales sea reducida (en México el promedio de tiempo para un juicio de esta naturaleza es de 3 a 5 años, contados hasta la ejecución del laudo arbitral) y por tanto más apegada a los tiempos y plazos que establece el apartado procesal de la Ley Federal del Trabajo, de manera que los procedimientos contenciosos desfavorables para los patrones no impliquen la erogación de grandes cantidades de dinero por concepto de salarios caídos (algo similar a los salarios de tramitación en España), que si bien ya han sido acotados con la reforma sustantiva de diciembre de 2012, aún representan un riesgo importante.
 
De igual manera, con la reforma se crearían organismos descentralizados en ambos niveles de gobierno que tendrán la finalidad de priorizar, de forma pre-judicial, una verdadera conciliación entre las partes contendientes, donde se busque evitar a toda costa el inicio de litigios laborales y por tanto el aumento del mencionado rezago. Estos organismos contarán con autonomía jurídica y patrimonio propios, así como de libertad operativa, presupuestaria y de decisión y gestión.
 
Por otro lado, la reforma pretende crear un organismo descentralizado de carácter Federal que se encargará de mantener un registro de todos los sindicatos y Contratos Colectivos de Trabajo, lo cuál al día de hoy es llevado a cabo por las autoridades laborales dependientes del Poder Ejecutivo, y cuya jurisdicción se determina de acuerdo al objeto social de cada empresa o patrón. El titular del organismo se obtendrá del resultado de ternas presentadas por el Ejecutivo Federal y que deberán ser aprobadas por dos terceras partes del Senado de la República, dándole por tanto la relevancia necesaria a nivel nacional.
 
Lo anterior resulta de una gran importancia, pues se estará dotando a las autoridades específicamente creadas para estos fines, de facultades de registro encaminadas, esperemos, a evitar los abusos llevados a cabo por innumerables sindicatos en contra de las empresas que representan las fuentes de empleo que soportan al 90% de los trabajadores mexicanos, es decir, las Pymes.
 
A resumidas cuentas: la reforma pretende hacer eficiente la impartición de justicia en materia de trabajo, por lo que deberá ser el Poder Judicial, tanto de la Federación como de cada Entidad Federativa, el encargado de dirimir controversias laborales y no así el Poder Ejecutivo, el cual no contempla dentro de sus actividades primordiales la impartición de una justicia pronta y expedita y, en muchos casos, gratuita, y también que sean organismos especializados los encargados de llevar a cabo un control eficaz y transparente sobre los sindicatos y de los Contratos Colectivos.
 



Miércoles, 6 de Julio 2016
CARLOS DE LA TORRE GARCÍA
Ardiel Martinez
Ardiel Martinez
Abogado Of Counsel del Departamento Laboral de Baker&Mckenzie. Especialista en asesoramiento laboral y de Seguridad Social de clientes nacionales e internacionales. Comenzó su carrera profesional como Inspector de Trabajo (ahora en excedencia) y ha sido Director de RRHH del Instituto de Crédito Oficial y Consejero de Fomento de la Embajada de España en Londres y desempeñado cargos internacionales como Representante Permanente de España en la OMI y en el FIDAC y Consejero de CECA. Ha sido profesor asociado de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid y cursado programas de postgrado en el Instituto de Empresa y en IESE. Asesora a empresas multinacionales en España y coordina el asesoramiento laboral en otros países o jurisdicciones en contratos de trabajo, negociación colectiva de convenios y/o acuerdos de empresa, periodos de consulta en reestructuraciones de empresas. Es mediador en conflictos laborales. En la actualidad es codirector de los Foros de FIDE "Actualidad Laboral" y "La RSE y el Derecho". Es Vicepresidente de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales (ADIRELAB) y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Abogados Laboralistas (AIAL). Es coautor de los siguientes libros: "Mercado laboral sostenible 2020: estrategias públicas y empresariales" (2012, Ed Wolters Kluwer) ,"Innovación y Responsabilidad social: tándem de la competitividad" (2013, Ed. Wolters Kluwer) y "Reestructuraciones de empresas y planes sociales de acompañamiento (2010, Ed. Cinca).