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La nueva Agenda laboral 2020 del Gobierno de coalición PSOE-UP: ¿Jaque mate a la reforma laboral de 2012? Tercera parte
¿Nuevas políticas públicas con impacto en el empleo?

Con independencia de las medidas laborales descritas e incorporadas en el acuerdo de 30 de diciembre de 2019 entre PSOE e IU hay que tener en cuenta la situación de partida y algunas  ineficiencias de nuestro mercado laboral. El nuevo año 2020 arranca con una cifra record de 19,4 millones de afiliados a la Seguridad Social (la mayor base de cotización de toda la historia) pero, sin embargo, ha descendido el nivel de crecimiento de empleos en 2019 es de sólo 384.400 (la cifra más baja desde 2013); ha bajado también el nivel de contratación indefinida en 2019 (con un descenso del 5,5% respecto a 2018) y, a la inversa, se ha incrementado el gasto en desempleo en 2019 (con 1,9 millones de personas con prestaciones) con una caída del paro en 2019 muy moderada y todavía un volumen de desempleados superior a 3,1 millones de personas.

En este contexto, hay otros elementos del mercado laboral al margen de la norma laboral que requieren atención por parte del Gobierno para corregir disfunciones y anomalías y pueden ser objeto de reformas en los próximos meses, a saber:
 

  • Políticas activas de empleo y servicios públicos de colocación y de formación continua y garantía de empleabilidad.

Con una tasa de paro todavía del 14% y con una desaceleración económica notoria en los últimos trimestres siguen persistiendo dos notas cíclicas en el mercado laboral en España que son auténticos muros y cuellos de botella, más evidentes en unas provincias que en otras, en el crecimiento económico y de empleos: (i) una insuficiencia en el número de empleos generados (atonía laboral) y una falta de sincronización entre oferta y demanda; y (ii) un paro estructural concentrado en jóvenes y trabajadores de 50 o más años.

Las experiencias pioneras en Francia de coordinación entre servicios públicos y privados y en Reino Unido y Estados Unidos de plataformas digitales con uso de inteligencia artificial y planes de empleo individualizados con dialogo digital entre orientadores y demandantes de empleo para dinamizar oferta y demanda; identificar las necesidades reales del mercado laboral; superar  los obstáculos en la contratación; garantizar la formación continua y la empleabilidad y, especialmente, guiar la toma de decisiones en la asignación de recursos públicos para proyectos de tutorización y reciclaje son iniciativas que convendría explorar.

  • Políticas públicas de fiscalidad de empleo y apoyo a PYMES y emprendedores y economía social.

En un tejido empresarial como el español con un sesgo muy definido de concentración de pequeñas y medianas empresas y gran protagonismo de autónomos, urge considerar que algunas medidas laborales pueden tener un impacto en el empleo por su componente fiscal.  Se deberían explorar medidas para facilitar la obtención de créditos para las PYME sin necesidad de aportación de activos físicos con medidas de racionalización fiscal para emprendedores.
 
  • Políticas públicas de apoyo a la digitalización, la transición ecológica y la economía del cuidado.

Finalmente, los principales nichos de creación de empleos de calidad están en los sectores de tecnología digital, economía verde y empleos relacionados con el cuidado de dependientes por el peso del envejecimiento en la población española por lo que deberían explorarse fondos públicos y público-privados para crear una fiscalidad digital y una fiscalidad verde y promover cambios profundos en las estructuras educativas que alcancen a la Universidad y a la formación profesional que reduzcan las brechas de igualdad en territorios, sectores, edad y género y que orienten la transición del mercado laboral hacia las nuevas oportunidades laborales. No obstante, parece que la dirección del Gobierno de coalición va en la otra dirección con el anuncio de la creación de la tasa Google (para las empresas digitales) y la tasa Tobin (para las transacciones financieras) lo que puede tener impacto negativo en inversores y el empleo.  

En resumen, se abre una etapa de mucho trabajo y actividad para el Gobierno, pero también para las empresas y los sindicatos con mayor intervención pública y sindical en las relaciones laborales y esperemos que los cambios y medidas anunciadas se acompañen también con otras políticas audaces que rebajen la desigualdad y generen empleos de calidad para reducir la polarización de empleos y, especialmente, no alteren la confianza de inversores y empresas que es la base del crecimiento económico y la prosperidad sin perjuicio de las medidas de redistribución que se puedan adoptar para tener un mercado laboral más eficaz pero también más inclusivo.



Jueves, 23 de Enero 2020
La búsqueda de mayor calidad de empleo y la reducción de la desigualdad laboral.
 
  • Igualdad de género 
 
El PSOE defiende la aplicación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación potenciando las inspecciones laborales, y el régimen sancionador. El acuerdo va más allá y persigue una Ley que garantice la igualdad retributiva y profundice en la igualdad de trato y de oportunidades en el empleo y en la ocupación, y la obligación de las empresas de llevar un libro de salarios para luchar contra la desigualdad retributiva. También se proponen planes de igualdad en empresas con más de 50 trabajadores. También se ha incluido la creación y potenciación de un Oficina de Lucha contra la Discriminación laboral y hay ejemplos, como la inclusión de la acción positiva en la negociación colectiva, de algunas medidas de futuro como las acciones positivas en la negociación colectiva en las dos proposiciones de Ley del Grupo Parlamentario Socialista registradas en la anterior legislatura (BOC 7/09/2018 y BOC 2/03/2018).

El acuerdo promulga el cumplimiento en el plazo de 4 años de la obligación de presencia de género equilibrada en los organismos y órganos públicos, así como en los consejos de administración de las sociedades, y continuar con la línea de equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles para que estos permisos sean totalmente iguales (16 semanas), intransferibles y retribuidos al 100% en 2021.

Por último, dentro de este ámbito, también se contempla la aprobación de una ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, para responder al reto demográfico del descenso de la natalidad. Junto a ello, a nivel comunitario se propone el establecimiento de una “Estrategia de igualdad de género de la Unión Europea”, con carácter vinculante.

UP va más allá en su programa y defiende la equiparación inmediata a 16 semanas para permisos de paternidad y maternidad y un aumento de 2 semanas al año hasta alcanzar las 24 semanas (medio año) para cada progenitor o progenitora.

La nueva Agenda laboral 2020 del Gobierno de coalición PSOE-UP: ¿Jaque mate a la reforma laboral de 2012?. Segunda Parte
  • Contratación laboral y calidad de empleo
 
Ambos partidos políticos persiguen alcanzar una mayor estabilidad en la contratación indefinida y una limitación del uso de contratos temporales y a tiempo parcial.

El PSOE en el programa electoral que publicó para las elecciones del 28 abril de 2019 incluye la simplificación y reordenación del catálogo de contratos de trabajo a tres formas contractuales: indefinido, temporal y formativo.

Sin embargo, en el programa de las últimas elecciones no recoge medidas concretas al respecto, sino que lo engloba dentro de la reforma del ET, en donde la contratación indefinida deba ser la forma ordinaria de acceder al empleo. Este es el marco del acuerdo que se plasma en el documento de 30 de diciembre, que incorpora asimismo la voluntad de reforzar el control de la contratación a tiempo parcial, en especial en lo relativo al fraude laboral por suscripción de contratos a tiempo parcial en un número de horas por debajo del umbral diario efectivamente trabajado con vulneración de derechos laborales y ahorro irregular de cotizaciones sociales y en lo que afecta a la distribución irregular del tiempo de trabajo contratado. 

UP presenta en este ámbito varias medidas, entre las que destacamos: (i) Limitar la contratación temporal a un único tipo de contrato temporal, eliminando las demás figuras, y solo podrá realizarse por causas productivas absolutamente imprevistas (no campañas ni estaciones) y organizativas estrictas, como sustituciones por bajas (interinidad); (ii) Prohibir los contratos temporales de menos de un mes; limitar solo la contratación temporal lícita a modalidades de una duración de entre 1 mes y 6 meses, después pasará automáticamente a uno fijo. Para evitar fraudes, cuando se concatenen contratos más allá de ese límite de seis meses, aunque sea con varias personas, la última contratada de manera temporal se considerará indefinida; (iii) Respecto a la temporalidad fraudulenta, si se despide a un trabajador con un contrato temporal fraudulento, ese despido será nulo y se deberá readmitir al trabajador con un contrato indefinido; (iv) Penalizar a las empresas que hagan un uso excesivo de la contratación temporal con una cuota empresarial a la Seguridad Social más alta.

 
  • Autónomos
 
El acuerdo político plantea como medida general una gradual equiparación de los derechos de los autónomos a los de los trabajadores por cuenta ajena, así como el establecimiento de una cotización acorde con sus ingresos reales. Esta medida supondría una subida de cuota a los autónomos que han decidido cotizar por bases mínimas, y presumiblemente una reducción a los autónomos cuyos ingresos no llegan a las bases mínimas. UP en su programa electoral contempla el establecimiento de la presunción de que existe una relación laboral por cuenta ajena cuando la persona autónoma tenga una única vía de ingresos relevante para obligar a la empresa a incorporar a esa persona con un contrato indefinido e iniciar una campaña de inspecciones de trabajo, organizada a partir de las denuncias recibidas. Junto a ello contempla el establecimiento de cuotas justas para los autónomos que coticen solo por los rendimientos que realmente obtengan y prohibir a las empresas del IBEX 35 y que coticen en bolsa que paguen a autónomos y pymes a más de 30 días.

Sin embargo, nada se dice de cómo gestionar los nuevos entornos o ecosistemas laborales y si será posible regular nuevas formas de organización del trabajo. En resumen, más control de falsos autónomos y freno notorio a la uberización del mercado laboral.
 
  • Becarios
 
El acuerdo de 30 de diciembre propone aprobar un Estatuto del Becario mejorando su retribución, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas, haciendo una revisión de los contratos formativos, y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en prácticas. 

UP por su parte propone garantizar que las prácticas externas estén incluidas en los planes de estudio, sean formativas y que estén tuteladas profesionalmente y retribuidas, al menos conforme al SMI, según el número de horas cotizadas y con jornadas máximas de cinco horas. 
 
  • Prevención de Riesgos Laborales
 
El acuerdo incorpora la medida propugnada por el PSOE según su programa, que pretende impulsar la modificación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), para que, entre otros aspectos, clarifique el concepto de enfermedad profesional y accidente de trabajo y su notificación, e incorpore el tratamiento y prevención de nuevos riesgos asociados al uso de las TIC.



Jueves, 23 de Enero 2020

Las ideas fuerza y medidas laborales del nuevo Gobierno de coalición.


La nueva Agenda laboral 2020 del Gobierno de coalición PSOE-UP: ¿Jaque mate a la reforma laboral de 2012? Primera Parte.
Después de un largo periodo de 5 años de atonía laboral y ausencia de reformas que han acompañado por inercia una etapa sostenida de crecimiento económico y de empleo se abre una nueva etapa con el primer Gobierno de coalición en la que son necesarias nuevas reformas que van a provocar importantes conflictos de interés y resistencias entre los que se sienten perjudicados y que, idealmente, deberían ser refrendadas, de manera equilibrada, desde el dialogo social con patronal y sindicatos. En efecto, como  así se incluye en los programas electorales publicados por el PSOE y por UNIDAS PODEMOS para las elecciones del 10 de noviembre y el documento firmado el pasado 30 de diciembre por los líderes de ambos partidos políticos en el nuevo Gobierno en España a nivel estatal muchas van a ser las novedades en materia laboral en los próximos 4 años de legislatura. Se abre una etapa de 1400 días y probablemente un periodo de dos velocidades ya que en una primera fase podrían llegar novedades referidas a un nuevo incremento del SMI, la vuelta a la primacía de los convenios de sector sobre los convenios de empresa y la recuperación de la ultra actividad de los convenios.  Se espera una segunda fase intensa con otras cuestiones de calado que podrán traer la recuperación de la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo y el reforzamiento del papel de la Inspección de Trabajo en el control de las relaciones laborales así como la redefinición de las causas que pueden justificar medidas de flexibilidad externa e interna incluyendo cambios en la regulación de las modificaciones sustanciales y del descuelgue laboral para conseguir un mayor poder de negociación de los sindicatos y de los trabajadores.

El eje prioritario de actuación del nuevo Gobierno según los documentos elaborados por el PSOE y UNIDAS PODEMOS es la consolidación del crecimiento y la creación de empleo, así como la lucha contra la precariedad del mercado laboral y la garantía de un trabajo digno, estable y de calidad. Junto a ello, se prevé el blindaje de las pensiones, asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de vida, así como el establecimiento de políticas feministas, entre las que destaca la mención de la elaboración de una Ley de igualdad laboral.

Las principales ideas fuerza de la agenda laboral 2020 que propone el nuevo Gobierno son cuatro:
 
  1. mayor intervencionismo público con un mayor peso de los principios de causalidad y proporcionalidad en varias instituciones laborales y mayor protección de los derechos de los trabajadores en relación a medidas de flexibilidad externas o internas de las empresas limitando las capacidades de las empresas para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo y eliminado o restringiendo la posibilidad de despidos por absentismo;
     
  2. mayor sindicalización de las relaciones laborales y recuperación de mayor poder de los sindicatos en la negociación colectiva y ampliación de derechos de la RLT en muchas materias;
     
  3. mayor protección de los trabajadores más débiles con incremento de su poder adquisitivo (salarios) y derechos pensionables y freno a posibles espacios de discriminación o fraude laboral (falsos autónomos; becarios; contratación temporal y a tiempo parcial; derechos de conciliación; etc.);
     
  4. un posible incremento de costes laborales y fiscales para las empresas derivados del incremento del SMI y su impacto en estructuras retributivas en complementos o beneficios sociales indexados al SMI y, en su caso, como consecuencia de modificaciones en las cotizaciones sociales (destope y eliminación de reducciones/bonificaciones).

 

Las principales novedades laborales anunciadas serán las siguientes: 
 
  • Derogación de la reforma laboral
 
El acuerdo de 30 de diciembre contempla derogar la reforma laboral de 2012 (no se aclara si total o parcialmente), si bien no se llega a querer derogar la reforma realizada por el gobierno de Zapatero en 2010, como proponía UP en su programa electoral, y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Particularmente se quiere recuperar el papel crucial de la negociación colectiva, reforzando la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas.

En este ámbito, el acuerdo recoge una serie de medidas: (i) Restablecimiento de la «ultra actividad» de los convenios, es decir, su prórroga automática cuando no haya uno nuevo que lo sustituya; (ii) Prevalencia de los convenios de sector sobre los de empresa, sean de ámbito provincial, autonómico o estatal; (iii)  Derogación de la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad; (iv) Limitación de la capacidad de modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de la empresa y (v) Revisión de la regulación del despido para establecer una regulación clara y adecuada a la coyuntura de qué circunstancias económicas, técnicas, organizativas o de producción justifican el despido objetivo.En el acuerdo no se ha incluido explícitamente la recuperación de la autorización administrativa y un reforzamiento del papel de la Inspección de Trabajo en la intervención pública del control de las causas y la proporcionalidad con las medidas propuestas por las empresas en expedientes de regulación de empleo, pero no es descartable novedades en esta dirección que han sido solicitadas por los sindicatos mayoritarios al Gobierno.
 
  • Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
 
Respecto al SMI, el PSOE preveía aumentar gradualmente el salario mínimo interprofesional para hacer efectivo el cumplimiento de la Carta Social Europea y las recomendaciones del Consejo de Europa, hasta situarlo en el 60% del salario medio (entre 1.000 y 1.200 euros/mes según las estimaciones), mientras que UP proponía en su programa electoral alcanzar un SMI de 1.200 euros en la próxima legislatura. El acuerdo de 30 de diciembre sigue la medida del programa electoral del PSOE, la cual produciría colateralmente una elevación de los costes laborales directos y por seguridad social. Además, el PSOE propone el establecimiento de un SMI europeo y un seguro europeo de desempleo. El punto de partida es el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, que situó el SMI para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, en 30 euros/día o 900 euros/mes, según que el salario sea por días o por meses. 

Finalmente, el Gobierno aprobó el pasado 21 de enero una subida moderada de 50 euros/mes con efectos retroactivos de 1 de enero y que alcanza ya a 950 euros/mes en 14 pagas y que afectará a 2 millones de trabajadores.
 
  • Subcontratación
 
El acuerdo finalmente alcanzado recoge una propuesta de UP que plantea modificar el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, de manera que los servicios propios de la empresa queden excluidos. Aunque en el acuerdo no se contempla que cuando la subcontratación esté justificada, los trabajadoras y trabajadores tengan las mismas condiciones que las de la empresa matriz. No se aclara si la nueva regulación incluirá una definición de “actividad principal” y si será restrictiva o extensiva y, en su caso, estará vinculada al criterio de completar el ciclo productivo de la actividad principal o al criterio de la inherencia. El impacto de esta medida laboral en el empleo dependerá del alcance de la prohibición de subcontratación de actividades productivas propias de la actividad principal y del concepto legal de actividad principal. Algunas posibles pistas de la nueva normativa de subcontratación pueden estar en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista registrada (BOC 9.09.2016) y puede que suponga una recomposición de plantillas internas y talento externo subcontratado en muchos sectores y compañías y un posible y significativo incremento del coste de la subcontratación.


 
  • Seguridad social y pensiones
 
Respecto a las pensiones, el acuerdo sigue el programa electoral del PSOE, y persigue promover un nuevo Pacto de Toledo que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, actualizándose conforme al IPC real y aumentando el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas, así como reducir la brecha de género en las pensiones y revisar las pensiones de viudedad. También se recogen propuestas de UP, como establecer la actualización por ley de las pensiones al IPC o derogar el factor de sostenibilidad de las pensiones. No obstante, no se llega al planteamiento del programa de UP de incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas a partir de un suelo de 750 euros. También se habla de un ingreso mínimo vital, aunque no de una renta pública universal.

No se contempla en el acuerdo una medida muy relevante propuesta por UP en su programa, consistente en que las personas que hayan cotizado al menos 35 años puedan jubilarse anticipadamente sin penalización en sus pensiones, y aplicar dicha medida de forma retroactiva. Tampoco otras como la eliminación de los topes de cotización, así como de los beneficios fiscales por las inversiones en planes de pensiones privados lo que podría tener un impacto económico muy relevante en los costes de las empresas y en empleo.

No se contempla en el acuerdo la medida solicitada por los sindicatos de que los trabajadores puedan elegir el tramo de periodo de carencia a tener en cuenta para el cálculo de su pensión para no penalizar a los trabajadores prejubilados o que pierden su empleo a partir de los 50 o más años de edad. 

En cuanto a la financiación de las pensiones, el acuerdo se limita a decir, vagamente, que “se estudiarán y desarrollarán medidas para, entre otras, garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural”. Y, por otro lado, se propone revisar las bonificaciones existentes a la contratación con el objetivo de reducirlas. Nada se dice de la mochila austriaca (que cuenta con seria oposición de los sindicatos) ni de experiencias de éxito del Derecho Comparado (i.e. Reino Unido) relativas a la incentivación de planes privados de pensiones que ayuden a completar las pensiones públicas en el futuro. 
 
  • Jornada laboral
 
El PSOE contempla en el marco del diálogo social desarrollar medidas que ayuden a garantizar los derechos digitales de todos los trabajadores y trabajadoras.

En relación con la jornada laboral conviene no olvidar que, bajo el último gobierno del PSOE, ya se aprobó el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, en el que se reguló la obligación de registro de jornada para todas las empresas y trabajadores (salvo las situaciones de relaciones laborales especiales) y es de esperar el reforzamiento de la campaña de Inspección de Trabajo para vigilar el cumplimiento de la normativa.
UP defiende una jornada laboral de 34 horas semanales, con una jornada de 7 horas de lunes a jueves y de 6 horas los viernes sin reducción de salario, protección de tiempo de desconexión del trabajo y flexibilización de los horarios junto con el teletrabajo.

Respecto a las horas extra, UP recoge, aunque la normativa ya lo exige, que será obligatorio que las empresas registren las horas extras y que las paguen, de manera que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener acceso a estos datos y se garantice que se pagan.

Frente a estos programas electorales, el acuerdo de 30 de diciembre no contiene una limitación horaria de la jornada laboral, pero sí la voluntad de promover un pacto político y social por la racionalización de los horarios para reorganizar los tiempos de trabajo, ocio y cuidados, paralelamente a la regulación del nuevo derecho a la desconexión. También el derecho de adaptación de la jornada de trabajo para personas trabajadoras con hijos menores de 12 años, lo que ya está incluido en la normativa.  



Jueves, 23 de Enero 2020
CARLOS DE LA TORRE GARCÍA
Ardiel Martinez
Ardiel Martinez
Abogado Of Counsel del Departamento Laboral de Baker&Mckenzie. Especialista en asesoramiento laboral y de Seguridad Social de clientes nacionales e internacionales. Comenzó su carrera profesional como Inspector de Trabajo (ahora en excedencia) y ha sido Director de RRHH del Instituto de Crédito Oficial y Consejero de Fomento de la Embajada de España en Londres y desempeñado cargos internacionales como Representante Permanente de España en la OMI y en el FIDAC y Consejero de CECA. Ha sido profesor asociado de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid y cursado programas de postgrado en el Instituto de Empresa y en IESE. Asesora a empresas multinacionales en España y coordina el asesoramiento laboral en otros países o jurisdicciones en contratos de trabajo, negociación colectiva de convenios y/o acuerdos de empresa, periodos de consulta en reestructuraciones de empresas. Es mediador en conflictos laborales. En la actualidad es codirector de los Foros de FIDE "Actualidad Laboral" y "La RSE y el Derecho". Es Vicepresidente de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales (ADIRELAB) y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Abogados Laboralistas (AIAL). Es coautor de los siguientes libros: "Mercado laboral sostenible 2020: estrategias públicas y empresariales" (2012, Ed Wolters Kluwer) ,"Innovación y Responsabilidad social: tándem de la competitividad" (2013, Ed. Wolters Kluwer) y "Reestructuraciones de empresas y planes sociales de acompañamiento (2010, Ed. Cinca).